Tijuana, BC.

Las desapariciones forzadas traen terribles consecuencias para la vida de las familias, particularmente para las madres que hacen visible este delito. Su dolor y entereza son punto de partida para riesgosas investigaciones por cuenta propia, ante la negligencia de autoridades omisas y, en ocasiones, cómplices de los criminales. Algunas madres murieron, desgastadas, sin encontrar a sus hijos.

Valeria Moscoso Urzúa, coordinadora de atención sicosocial de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, asegura que el amor materno ha permitido avances ante las desapariciones forzadas. Con la expectativa de encontrar viva a la persona desaparecida, una madre nunca baja los brazos.

En América Latina, las madres sostienen la lucha por los desaparecidos. Es por este vínculo de amor que las mujeres soportan cosas terribles como hacer excavaciones en busca de restos humanos, escuchar historias de terror o de tortura que pudieron involucrar a sus hijos, tolerar amenazas de instancias oficiales y hasta carearse con sospechosos, aseguró.

Las autoridades consideran que, transcurrido cierto tiempo, los familiares deben aceptar que el ser querido que desapareció ya murió (ya supérenlo, dicen), pero es violento exigir a una madre que dé por muerto a un hijo cuando ni siquiera tiene noción de qué sucedió, agregó Moscoso. Y es justo entonces cuando surge esta fuerza, que no viene de la ira ni del deseo de venganza, sino del amor materno, que hace a las mujeres incansables en la búsqueda de sus hijos.

Autoridades omisas

Yo no me rendiré, tengo que encontrar a mi hijo, dijo Irma Leyva. Ella busca por sus propios medios a Diego Alonso Hernández Leyva, líder de la unidad antisecuestros de la procuraduría estatal en Mexicali, desaparecido en enero de 2007. Otros compañeros de Diego fueron asesinados, pero los restos de él no han sido hallados.

“Tres meses después, a la medianoche recibí una llamada. Me dijeron que junto al cerco de mi casa encontraría un video. Lo miré y el dolor fue insoportable. Decía cómo y quiénes levantaron a Diego y quién ordenó su ejecución: los más señalados fueron el ex procurador Antonio Martínez Luna y los agentes ministeriales que participaron en su desaparición”, comentó.

Ramón Velázquez, ex comandante de la policía ministerial del estado, explica en el video cómo Diego fue privado de la libertad y sepultado en la colonia Ahumadita. Revela nombres y detalles de otros asesinatos de policías ministeriales. Días después encontraron el cuerpo torturado de Velázquez en un auto fuera de la casa de su novia, en la colonia Cuauhtémoc.

A toda la familia nos afectó la desaparición de Diego. A mi esposo le dio una embolia. Como madre es doblemente doloroso: se sufre por el hijo desaparecido y por el sistema judicial. No hay investigación real, lamenta Leyva.

Una mujer que participó ayer en una protesta en Nuevo Laredo, Tamaulipas, demandó a las autoridades que le devuelvan a su hijo. Lo último que se supo de él es que fue detenido por elementos de la MarinaFoto Carlos Figueroa

Por ocho años Irma ha gestionado audiencias ante todas las autoridades. Ha indagado por cuenta propia, incluso a los sospechosos de participar en la desaparición de su hijo. Más aún, contrató hombres para excavar en predios señalados en el video, en busca de restos diluidos en ácido.

En su búsqueda, Irma sufrió violencia institucional y maltrato del entonces procurador Rommel Moreno Manjarrez, quien condicionó la atención a integrantes de la Asociación Esperanza por los Desaparecidos a que Leyva no estuviera en las reuniones.

María Elena Recio, juez primera de distrito que llevó el juicio de garantías 113/2014, logró que la Procuraduría General de la República (PGR) le remitiera copia certificada del expediente (casi 4 mil páginas), que no contiene una investigación dirigida específicamente a saber qué sucedió con Hernández Leyva.

La juez pidió al gobernador Francisco Vega que informara sobre las diligencias para localizar a Diego. Citó a declarar a dos ex procuradores, Rommel Moreno y Antonio Martínez, pero ambos, además de Héctor Grijalva, ex titular de la Fiscalía contra Desapariciones y ahora subsecretario del Sistema Penitenciario, negaron conocer más datos y el caso fue cerrado.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Amparo, Irma Leyva buscó la protección de la justicia federal. Su abogado, Daniel Solorio, promovió el juicio 577/2013 y ya logró que el sexto tribunal colegiado de circuito de Mexicali revocara el acuerdo de la juez Recio y ordena continuar la investigación sobre la desaparición forzada de Diego Hernández.

El trauma

La desaparición de un familiar es traumática. La familia necesita recuperar el buen nombre de esa persona, dijo Carolina Robledo, especialista en investigaciones sociales de la Universidad Autónoma de Baja California. Hemos identificado daños físicos y emocionales en las madres. La angustia ante la impunidad es insufrible, junto al maltrato y la revictimización, que se refleja en un estado de crisis permanente, indicó.

Es un trauma sostenido que tiene consecuencias en la salud, agregó. Muchas refieren problemas de memoria y concentración, y otras enferman.

Cristina Palacios de Hodoyán, quien busca a su hijo Alejandro, fundó la Asociación Ciudadana contra la Impunidad y logró avances con autoridades. Murió el primero de marzo de 2013 a los 72 años, de cáncer pulmonar.

Durante 16 años, después de la desaparición de su hijo, en 1997, Cristina clamó por ayuda a las autoridades, incluido el entonces secretario de la Defensa nacional, Enrique Cervantes Aguirre, sin encontrar apoyo en ninguna instancia. Hasta el final de su vida seguía buscando los restos de su hijo entre los de casi 300 víctimas disueltas por Santiago Meza López, El Pozolero, y murió sin certeza alguna.