La queja más delicada contra el PVEM, relacionada con presuntas aportaciones ilegales de las televisoras, empresas de cine y del Poder Legislativo para la transmisión de su propaganda en televisión con la frase Verde sí cumple, fue desagregada por la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, lo que podría llevar a la aplicación de sanciones menores.

Por ese motivo se espera que la Comisión de Fiscalización del INE resuelva esta parte de la queja en las próximas horas; sin embargo, hay inconformidad del PRD –primer instituto político que interpuso la denuncia contra el PVEM–, debido a que esta maniobra puede llevar a que se apliquen sanciones leves por cada una de las irregularidades cometidas en el tema de fiscalización, evitar retirarle el registro y darle oxígeno para continuar en el proceso electoral.

El sol azteca calculó que los más de 220 mil espots difundidos por Televisa y Televisión Azteca costaron 2 mil millones de pesos; sin embargo, el PVEM informó que costaron sólo 76.1 millones de pesos. Por ese motivo, PRD y Morena –éste, segundo partido que presentó una queja para que se fiscalizaran los gastos hechos por el Verde en esta campaña realizada antes del proceso electoral– presumen que hubo aportaciones ilegales de las televisoras.

Lo pertinente es decretar la escisión para que todas las constancias de autos y hechos relacionados con las posibles aportaciones de ente prohibido por la transmisión en radio y televisión de informes legislativos del PVEM se investiguen y analicen en procedimiento distinto con el objeto de sustanciar de manera expedita el nuevo procedimiento, informó en un oficio firmado por el titular de la Unidad Técnica de Fiscalización, Eduardo Gurza.

La representación del PRD ante el INE consideró que al desglosar la queja de fiscalización se ayuda al Verde, porque restaría el hecho de que estas irregularidades fueron cometidas de manera sistemática por ese partido.

Además, puede significar una maniobra para retrasar la resolución de la queja y conducirla a un plazo mayor, que vaya más allá del 7 de junio, cuando se llevarán a cabo las elecciones.

El artículo 456 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) prevé que las infracciones serán sancionadas en los casos de graves y reiteradas conductas violatorias de la Constitución y de esta ley, especialmente en cuanto a sus obligaciones en materia de origen y destino de sus recursos, con la cancelación de su registro como partido político.

De hecho, los 140 mil ciudadanos que solicitaron retirar el registro a dicho partido plantearon al INE que puede hacerlo “al momento de analizar y resolver los procedimientos especiales y ordinarios sancionadores y en materia de fiscalización que aún se encuentran pendientes de resolución con base en el artículo 456 de la Legipe.

Esto es parte de la poca información que ha trascendido sobre la fiscalización de los recursos del PVEM, ya que a los partidos políticos se les ha negado acceso al expediente.

Por ese motivo, el miércoles próximo el partido del sol azteca emplazará al Consejo General del INE para que presente un informe sobre cómo ha avanzado la investigación de la queja de fiscalización presentada, ya que transcurrieron los tres meses de plazo para recibir una respuesta sin que ésta se haya producido.