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Informe de la SG a diputados del periodo 2012 a 2015

Benefició a 333 el sistema para proteger a defensores de garantías y periodistas
 
Periódico La Jornada
Sábado 9 de mayo de 2015, p. 9

La Secretaría de Gobernación (SG) informó a la Cámara de Diputados que desde 2012 y en lo que va de 2015 han sido beneficiados 333 individuos con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Precisó que con dicho mecanismo el Estado cumple su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos; su aplicación, agregó, ha requerido de la coordinación con diversas autoridades de los ámbitos federal, estatal y municipal.

Desde la creación de este instrumento en 2012 y al 31 de diciembre de 2014, puntualizó, había 311 beneficiarios de medidas de protección en el país, en lo que va de 2015 hay un total de 22.

Así respondió la SG a un punto de acuerdo aprobado por diputados, quienes solicitaron fortalecer y aplicar nuevas acciones que permitan brindar protección a los informadores; los avances en la materia, agregaron, no deben estar en la opacidad y el conformismo, sino en mejora continua, de acuerdo con los estándares internacionales.

Los legisladores aseguraron que la profesión del periodismo sigue siendo uno de los trabajos más castigados y peligrosos en México, pues en la década pasada fueron asesinados más de 80 y 17 han desaparecido.

Relataron que en medio de un ambiente de violencia e impunidad, numerosos reporteros se han visto obligados a huir del país debido a las amenazas que han recibido del crimen organizado, por lo que las redes sociales se han convertido en armas poderosas para informar a millones de personas ávidas de conocer lo que sucede y acontece en tiempo real en México.

En el documento de respuesta, publicado en la Gaceta Parlamentaria, la SG puntualizó que este mecanismo, previo estudio de evaluación de acción inmediata o de riesgo, otorga medidas preventivas y de protección urgentes, con el fin de resguardar la vida e integridad física de los periodistas y defensores de derechos humanos que se encuentren en situación de riesgo por el ejercicio de su actividad profesional.