Con el fin de evitar daños irreparables a los derechos a la vida, integridad personal y seguridad física de dos activistas sinaloenses y sus familias, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares a la Secretaría de Gobernación (SG) y al gobierno del estado.

La comisión también solicitó a las autoridades contactar y llevar a cabo las reuniones que sean necesarias con las activistas, cuyo nombre se resguarda por seguridad, a efecto de obtener información y conocer a detalle su situación.

La vida de estas personas está en riesgo por su actividad de defensa de los derechos humanos.

En un comunicado, la CNDH explicó que solicitó las medidas cautelares en respuesta a una petición de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la cual refirió como antecedente el homicidio, el 22 de mayo de 2014, de Ramón Corrales Vega, ex presidente del Comisariado Ejidal del Cajón de Cancio, en el municipio de Choix. El padre y hermano del activista también fueron asesinados.

“La situación de violencia e inseguridad, así como la pugna por el control territorial expresada en los enfrentamientos entre los grupos armados en Sinaloa –explica la CMDPDH en su petición–, está generando el desplazamiento interno forzado de miles de personas. Luego de 2008, los grupos armados organizados empezaron a sembrar el terror en las comunidades serranas mediante una serie de actos delictivos y amenazas de muerte a personas que se negaban a formar parte de sus actividades. Además, reclutaban civiles para que se sumaran a su lucha contra los grupos rivales y obligaban a las personas que permanecían en sus comunidades a realizar trabajos forzados en los sembradíos”.

La CNDH permanecerá atenta a la evolución de los hechos y, tras la investigación que realice, dará a conocer su resolución.