a jornada de violencia que se vivió ayer en Jalisco, Colima, Michoacán y Guanajuato, con saldo de siete muertos y una veintena de heridos, en la cual se realizaron más de 40 narcobloqueos –varios de ellos incendiarios– y fue derribado un helicóptero de las fuerzas armadas, es la demostración fehaciente de que, a contrapelo del optimismo que puede apreciarse en el discurso oficial, los fenómenos relacionados con el auge delictivo, la inseguridad y la violencia no han variado en el país de manera significativa entre el sexenio anterior y lo que va del actual.

A decir del gobierno, el repunte de violencia en el occidente del país sería una respuesta delictiva al operativo lanzado por las fuerzas federales contra el cártel Jalisco Nueva Generación. No obstante, si se toma en cuenta la coordinación y amplitud con que se efectuaron los bloqueos e incendios referidos, y el hecho de que uno de los objetivos de los grupos delincuenciales haya sido una aeronave militar, los ataques de ayer parecen, más que una reacción, un abierto desafío al Estado por parte de una criminalidad organizada. Dicho desafío proviene de una de las organizaciones más violentas y sanguinarias de los años recientes, cuyas actividades han quedado registradas en entidades como Jalisco, Veracruz, Michoacán y Guanajuato, y la cual parece haberse consolidado a la par del desmantelamiento de otros cárteles de proyección regional y nacional.

Tales hechos obligan a recordar que, a pesar de la detención de capos del narcotráfico, el estado de derecho sigue viéndose reducido, en casos como el de ayer, al nivel de ficción y de buen propósito, y que pese a los incesantes operativos y desplazamientos de efectivos policiales y militares, importantes sectores de la población están a merced de las acciones de grupos criminales, y que éstos ejercen, en varias zonas, un alarmante poder de facto.

El poder acumulado por las organizaciones delictivas no es nuevo y sería improcedente achacarlo a la presente administración, en la medida en que es producto de una cadena de omisiones e irresponsabilidades que involucra a las autoridades federales, estatales y municipales, las cuales, desde hace varios sexenios, han faltado a sus tareas y obligaciones fundamentales de garantizar la vida, la integridad física, el patrimonio y el libre tránsito de la población; han permitido la infiltración de la delincuencia organizada en las corporaciones de seguridad pública de los tres niveles de gobierno y han abandonado a su suerte a la población ante el embate de esos grupos.

Por desgracia, lo que ocurre en el país es parte de una descomposición institucional y social de gran calado que no podrá ser resarcida con políticas como las que han mantenido vigentes las recientes administraciones, incluida la actual, que se distinguen por su carácter meramente reactivo y superficial. Se requieren, en cambio, medidas integrales y transversales en los órdenes social, económico, educativo, administrativo, de salud pública y, desde luego, policial. Después de casi nueve años de una violencia inducida por la equívoca estrategia oficial de seguridad pública y combate a la delincuencia, tras la continuada aplicación de un modelo económico devastador, concentrador de la riqueza y multiplicador de la pobreza, y con márgenes de acción gubernamental estrechados por la entrega de potestades soberanas del país a factores extranjeros y a los grupos fácticos empresariales, es claro que el país requiere de un proceso de reconstrucción nacional y que éste, a su vez, tendría que concitar el respaldo y la participación de todas las fuerzas políticas y sociales de la nación.