La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el gobierno de Baja California definieron un plan de atención a la problemática de los jornaleros agrícolas del Valle de San Quintín.

En principio harán un censo de los trabajadores registrados en contrataciones colectivas, con la finalidad de garantizar sus derechos. Ambas instancias aplicarán un programa de inspecciones, en coordinación con el IMSS, el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos y el Consejo Nacional de Fomento Educativo, entre otros, y la Organización Internacional del Trabajo.

Según la estadística oficial inicial, en la región se han realizado hasta ahora 67 inspecciones y se contabilizan 108 campos agrícolas.

En tanto, la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos culpó a las autoridades de avalar contratos simulados o de protección en perjuicio de los jornaleros.

Federico Ovalle, dirigente de la Cioac, pidió al secretario del Trabajo federal, Alfonso Navarrete, permitir la libertad sindical y combatir a los sindicatos blancos y líderes charros, cómplices de los empresarios, dijo.

En el foro Situación actual de los jornaleros agrícolas en México se dijo que en 18 entidades hay jornaleros sin derechos, donde privan contratos de protección avalados por la autoridad.

Los jornaleros de San Quintín exigen pago diario mínimo de 300 pesos, ya que trabajan más de 14 horas al día.