a Real Academia Española define la corrupción como “…la práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores”.
El Sistema Nacional Anticorrupción aprobado recientemente por el Senado está concebido como un conjunto de acciones institucionales que cuentan con una instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobiernos competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos
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En la exposición de motivos, se dice que se trabajará primero en prevenir, para posteriormente hacerlo en los aspectos de sanciones. Sin embargo, a lo largo de la propuesta del Sistema no se hace referencia al aspecto más importante de la prevención: el cambio de las pautas culturales que subyacen al tema. Es notable la ausencia de la Secretaría de Educación Pública en el Comité Coordinador. La transformación cultural debe iniciar desde la infancia.
Para su operación, el Sistema contará con un Comité Coordinador integrado por los titulares de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), de la fiscalía responsable del combate a la corrupción, de la secretaría del Ejecutivo federal responsable del control interno, por el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el o la comisionado presidente del Ifai, así como por un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana.
Entre las funciones de este Comité Coordinador se señala que definirá mecanismos de coordinación con los sistemas locales, así como el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización y control de recursos públicos, para prevenir, controlar y disuadir faltas administrativas y hechos de corrupción. En especial, las causas que lo generan; el establecimiento de bases y principios para la efectiva coordinación de las autoridades de los órdenes de gobierno en materia de fiscalización y control de los recursos públicos, además de la elaboración de un informe anual que contenga los avances y resultados del ejercicio de sus funciones y de la aplicación de políticas y programas en la materia.
Otro de los aspectos se refiere al fortalecimiento de las atribuciones de fiscalización de la ASF, ya que se le faculta auditar directamente durante el ejercicio fiscal en curso, derivado de denuncias, con el objeto de investigar y sancionar de manera oportuna posibles actos irregulares. Asimismo, podrá realizar auditorías sobre supuestas anormalidades cometidas en ejercicios fiscales anteriores.
Es de destacar que el Sistema retoma la nueva facultad incluida en la reciente reforma en materia de disciplina financiera de las entidades federativas, relativa a la facultad para fiscalizar el destino y ejercicio de los recursos provenientes de deuda pública de estados y municipios, cuando su contratación esté garantizada por la Federación. Es decir, la ASF puede fiscalizar recursos locales cuando provengan de deuda que esté garantizada por la Federación.
El Sistema Nacional Anticorrupción debiera incluir mecanismos de construcción de ciudadanía. No hay mejores vigilantes de la acción pública ni mejores promotores de buenas prácticas y políticas públicas que los propios ciudadanos a los que están dirigidas. La erradicación de añejas prácticas corruptas y corruptoras no es una tarea constreñida a la eficacia de los controles sobre el uso de los recursos públicos.
La sola aplicación de mecanismos coercitivos no inhibe la corrupción. Debe atenderse el cambio cultural. Por ello, la conciencia de cada persona respecto de que constituye un sujeto dotado de derechos y obligaciones, que no sólo actúa para sí, sino también para con la comunidad –es decir, su conciencia de que es un ciudadano–, resulta un componente indispensable en un esfuerzo como el que se materializa en el Sistema Nacional Anticorrupción.
Por otro lado, es necesaria la voluntad política institucional de un combate sin cuartel a la impunidad. De ese modo, el combate a toda forma de corrupción será encomienda de todos, y podrá convertirse en una manera eficaz de transformar, en este campo, la relación entre gobernantes y gobernados. Todavía queda por aprobar un cúmulo de normas a este respecto. Cabe esperar que en ellas se subsane la omisión que ahora se percibe.
*Consejero electoral del INE/
profesor UAM-I
