La Procuraduría General de la República (PGR) continúa sin obtener ninguna orden de aprehensión por el delito de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa, a pesar de que ha sido una petición de organizaciones no gubernamentales, padres de las víctimas e instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

A siete meses de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, el Ministerio Público Federal (MPF) sólo mantiene las acusaciones de privación ilegal de la libertad y homicidio (secuestro agravado) contra los funcionarios públicos y miembros del crimen organizado que han sido señalados como responsables.

Una de las razones que ha esgrimido el MPF es que la sanción por desaparición forzada alcanza un máximo de 40 años de prisión y que la pena por secuestro agravado es de 140 años, señalaron funcionarios de la PGR.

El pasado 7 de noviembre, durante una conferencia de prensa, el entonces procurador de la República, Jesús Murillo Karam, declaró que en el caso Ayotzinapa sí existen indicios de desaparición forzada, pero que no era un crimen de Estado porque Iguala no era todo el Estado.

Ante un cuestionamiento directo de si hubo desaparición forzada, Murillo Karam señaló que en este caso sólo estaban involucrados policías y el presidente municipal (de Iguala, José Luis Abarca), seguramente así dirá la consignación de un caso típico de desaparición forzada y luego si hay muertos es un homicidio.

El ex titular de la PGR apuntó entonces que usar las palabras así nada más es un poco peligroso, un crimen de Estado es una cosa mucho mayor, Iguala no es el Estado mexicano.

En febrero pasado, en un documento enviado a la Cámara de Diputados, el gobierno federal señaló que realizó el juicio de reproche por el delito de desaparición forzada cometido en agravio de los 43 estudiantes normalistas ante la autoridad jurisdiccional, quien consideró que los hechos investigados no encuadraban en la hipótesis que establece el tipo penal de desaparición forzada.

Funcionarios ministeriales que han tenido acceso a la investigación señalaron que la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) y la Coordinación General de Servicios Periciales se mantienen a la espera del tercer peritaje que se realiza a fragmentos de hueso encontrados en el río Cocula y en el basurero del municipio del mismo nombre, donde según las investigaciones de la PGR, los 43 normalistas habrían sido asesinados e incinerados por integrantes del cártel Guerreros Unidos.

Las indagatorias, a decir de las fuentes consultadas, no han tenido mayores avances, pues no se han abierto nuevas líneas de investigación o establecido otros sitios para localizar a los normalistas, como han solicitado los padres de los estudiantes y los miembros de varias ONG.

Sin embargo, la exigencia de que se acuse por desaparición forzada a más de 80 policías de los municipios de Iguala y Cocula que participaron en la detención ilegal y posterior entrega de los jóvenes normalistas a integrantes de Guerreros Unidos ha sido una demanda de expertos de la CIDH.

En marzo pasado, al dar a conocer un informe de sus investigaciones sobre la desaparición de los 43, Ángela Buitrago, Carlos Beristáin y Francisco Cox consideraron que el caso es un asunto de desaparición forzada, debido a que de esta forma los acontecimientos tendrían una relevancia internacional y serían imprescriptibles, y por tanto ese delito debería tipificarse de lesa humanidad.

Vemos elementos que estructuran el tipo, por eso la insistencia de que se haga caso a la convención y tratar estos temas como desaparición forzada independientemente de otras consideraciones.

Los expertos de la CIDH señalaron: Instamos a que estos hechos se juzguen como desaparición forzada.