Mañana se cumplirá el quinto aniversario del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, sin que hasta la fecha las autoridades del estado de Oaxaca y las federales hayan avanzado en la aprehensión y el juicio de los responsables, a pesar de que éstos ya se encuentran identificados, lamentó Karla Micheel Salas, presidenta de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD).

Como se informó en estas páginas, originalmente se emitieron 14 órdenes de aprehensión en contra de los presuntos culpables del homicidio de ambos luchadores sociales, pero uno de los acusados ya murió y, de los 13 restantes, sólo tres han sido detenidos: Rufino Juárez, Elías Cruz Merino y Faustino Vázquez.

Un tema fundamental es que el resto de los inculpados están en San Juan Copala, donde ni el gobierno federal ni el estatal ingresan, y se mantiene bajo control territorial de un grupo paramilitar (la Unión de Bienestar Social de la Región Triqui, Ubisort), que está armado y activo, señaló la litigante.

Aunque esta situación no debería impedir que los presuntos responsables sean detenidos, para las autoridades de Oaxaca ha sido más fácil tratar de reubicar a las personas que antes vivían en San Juan Copala que recuperar la zona, en gran medida porque muchos de los inculpados ocupan cargos como servidores públicos.

Frente a dicho escenario, la ANAD mantiene abierta la posibilidad de iniciar un proceso judicial en las cortes de Finlandia contra diversas autoridades estatales, a propósito de la próxima visita a México del presidente del país nórdico, Sauli Niinistö.

Sin embargo, dicha opción podría verse obstaculizada si antes se produce algún otro arresto, pues de esa forma no se podría alegar que el Estado mexicano no está haciendo nada para resolver el caso.

Hay una política de simulación con estas detenciones, porque sólo ocurren cuando hay presión o visitas de las eurodiputadas (que han dado seguimiento al caso) o de la familia de Jyri. Esa no se puede considerar verdadera voluntad para castigar a los culpables, manifestó Salas.

La abogada alertó que un posible regreso del PRI a la gubernatura de Oaxaca haría aun más difícil el acceso de los familiares de las víctimas a la verdad y la justicia, pues dicho partido ha apoyado históricamente a la Ubisort.