México es de las economías inscritas en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) que menos gastan en atención de la salud, advierte la Cámara de Diputados.

La Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis en San Lázaro refiere que para el ejercicio fiscal del presente año (2015), el gasto público en salud representa 2.86 por ciento del producto interno bruto (PIB), (por lo que) comparativamente con los países miembros de la OCDE, somos de las economías que destinan menos recursos públicos para esa función.

Así, México sigue a Chile, que invierte 3.98 por ciento de su PIB a las tareas de salud; Corea, que aporta 4.2 por ciento; Israel, 4.62, y Turquía, 4.81. Entre los países que más gastan para atender la salud pública se encuentran Estados Unidos, 8.30 por ciento de su PIB; Austria, 8.55; Alemania, 8.92; Francia, 9.19, y Dinamarca, 9.78 por ciento.

Para la Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de Diputados, la inversión pública en materia de salud se justifica porque permite mejorar la productividad del trabajo y es una política fundamental para la formación y conservación del capital humano, con fuertes repercusiones económicas (falta de crecimiento, mala distribución de la riqueza y la retroalimentación de los factores generadores de la pobreza).

La atención a la salud, desde la perspectiva del funcionamiento de los mercados, corrige las fallas de las instituciones privadas, asistiendo socialmente a la población que se encuentra en situación de pobreza, marginalidad y vulnerabilidad o que se localiza en comunidades alejadas, de difícil acceso y no cuentan con recursos económicos para asistir a instituciones privadas de salud.

También es un instrumento de redistribución de la riqueza, haciendo accesibles estos servicios a la población que está expuesta a gastos catastróficos cuando se presenta alguna enfermedad, sin importar la gravedad de la misma.

Las fuentes de financiamiento más importantes para el gasto propuesto en salud se dirigen a dos grandes instituciones: el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) concentró 1.27 por ciento del PIB y 0.71 por ciento fue para la Secretaría de Salud.

Por destino del gasto, el análisis nos evidencia que la prestación de los servicios de salud para la persona es el rubro más importante adonde se canalizaron estos recursos, que concentraron 2.09 por ciento del PIB del gasto total en salud, seguido por las erogaciones de protección social en salud, rubro en el que se aprobó 0.047 por ciento.

En las conclusiones del análisis se advierte que el gasto en salud pública presenta altos rasgos de centralización. Para el ejercicio fiscal 2015, del gasto público total propuesto para esta función, 2.43 por ciento del PIB es ejercido por las dependencias del gobierno federal o sus órganos desconcentrados; en contrapartida, 0.42 por ciento se ejerce por medio de Fassa (instrumento del ramo 33 del gasto federalizado), que son recursos desconcentrados que la Federación transfiere a las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Uno de los problemas más importantes que enfrenta el gasto público de salud en México es que 96.97 por ciento se destina al gasto corriente, necesario para cubrir los rubros de servicios personales (sueldos, prestaciones de seguridad social), gasto de operación, subsidios (ayudas de carácter social y recursos para los fondos de pensiones y jubilaciones), y únicamente el 3.03 por ciento se asigna a gasto de inversión, necesario para la modernización y ampliación de infraestructura.