La Comisión Federal de Electricidad (CFE) desestimó la denuncia que impulsan senadores del Partido Acción Nacional (PAN) para investigar la adjudicación a una empresa de un contrato por 3 mil 600 millones de pesos para la renta de vehículos.

Legisladores panistas solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) investigar el megacontrato que adjudicó la CFE a la compañía Casanova Rent de forma directa por esa suma, sin que hubiera un testigo social.

En respuesta, el director de administración de la CFE, Héctor de la Cruz, explicó que el fondo de la controversia es una disputa entre empresas privadas. Reveló que la compañía inconforme con la asignación del contrato es Tecno Alta Distribución, dedicada a soluciones integrales en administración de flotillas.

Detalló que durante la licitación ocho empresas presentaron en tiempo y forma sus ofertas técnicas y económicas, y Tecno Alta Distribución ni siquiera participó en el concurso y posteriormente realizó algunas preguntas, pero ya fuera del plazo prestablecido en las bases de licitación.

Héctor de la Cruz informó que incluso el expediente fue turnado en su momento a la Secretaría de la Función Pública (SFP) para su evaluación, sin que hasta el momento encontrara alguna anomalía o práctica ilícita.

El director de administración de la CFE manifestó que jurídicamente no se tiene ninguna otra impugnación de la licitación realizada en julio y cuyo fallo se dio a conocer en agosto del año pasado.

Los senadores indicaron en su denuncia que dentro del proceso de la adjudicación no se hizo público el desarrollo económico de los precios y únicamente se publicaron los de los ganadores

Con base en versiones periodísticas, los senadores indicaron que en la contratación se puede configurar el delito de uso indebido de atribuciones y facultades cometidos por Enrique Ochoa Reza, director de la CFE, y César Morales Ríos, funcionario responsable de la adjudicación como gerente de abastecimientos.Entre 2013 y 2014 esa compañía suma (por adjudicación directa) más de 5 mil millones de pesos, lo cual suena sospechoso, sostuvo la senadora Marcela Torres Peimbert.

El contrato marco detalla que los autos arrendados incluyen tipo Sedán, Van, SUV, Crossover, pick-up, camiones hasta de 15 toneladas, ambulancias, motocicletas, automóviles híbridos y eléctricos.