Diversas organizaciones sociales acudieron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que el Estado mexicano violó las garantías básicas de los ciudadanos al no reconocer la constitucionalidad del ejercicio de consulta popular sobre la reforma energética, y solicitaron al organismo medidas cautelares para evitar que la modificación a la Carta Magna entre en vigor.

En conferencia de prensa, Miguel Concha, director del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, subrayó que la negativa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a reconocer la legalidad de la consulta representó una clara violación a este derecho, a pesar de que la iniciativa fue respaldada por más de 4 millones de personas.

Había todas las condiciones para hacer efectiva la consulta popular como un mecanismo real de participación ciudadana en la toma de decisiones relevantes. Contrario a ello, la SCJN restringió esa garantía con argumentos que soslayan las obligaciones del Estado mexicano en materia de derechos civiles y políticos, subrayó el activista al leer un posicionamiento conjunto de varias organizaciones y académicos.

Hace una semana los colectivos participantes en la iniciativa enviaron una solicitud a la CIDH para que ésta recomiende a las autoridades mexicanas la realización de la consulta popular; pidieron que mientras se resuelve esa petición, otorgue medidas cautelares para impedir cualquier acción jurídica derivada de la reforma energética, hasta que los ciudadanos hayan expresado su opinión sobre el tema.

Concha enfatizó que ya hay algunas comunidades que han interpuesto amparos para frenar megaproyectos económicos relacionados con la aprobación de la reforma, en una serie de acciones de resistencia cuyo propósito es que se extiendan por todo el país.

Jorge Fernández, integrante de la organización de derechos humanos Indignación, aseveró que la consulta es un ejercicio fundamental de participación política más allá de las elecciones, la cual resulta más necesaria por tratarse de un asunto que afecta a todos los mexicanos; subrayó que las medidas cautelares deben frenar la aplicación de la reforma para evitar daños irreparables.

Por su parte, el académico e investigador Manuel Canto anunció que los firmantes de la petición a la CIDH iniciaron desde ayer una campaña de difusión del tema, que permanecerá abierta por tiempo indefinido.