La Cámara de Diputados aprobó ayer una reforma a la Ley Federal de Trabajo para prohibir que los patrones obliguen a sus empleados a firmar renuncias o pagarés en blanco, práctica que además será considerada como falsificación de documentos.

Con 299 votos a favor –el resto de los 500 diputados no se presentó a trabajar–, el pleno definió que si se obliga a cualquier asalariado a firmar un papel en blanco podrá presentar su denuncia ante la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, en un plazo máximo de 30 días, donde la queja quedará a resguardo, en secreto, y si una empresa quiere utilizar esos documentos en juicio laboral, no será considerado como prueba.

Durante la sesión, los legisladores avalaron un dictamen de la Comisión del Trabajo, la cual cuestionó que cuando una persona obtiene un trabajo, de manera recurrente las empresas utilizan esa táctica, especialmente aquellas poco reguladas o las dedicadas a la subcontratación, o outsourcing.

No obstante, esa práctica también es usual en la Cámara de Diputados, que hace firmar ese tipo de textos a sus empleados, e incluso el contrato de limpieza es con una outsourcing, denominada Claver.

En el dictamen, la comisión presentó en sus consideraciones que el problema no es menor, y si bien resulta imposible determinar qué tan generalizada y sistemática es esa práctica, los tribunales laborales desahogan casos idénticos diariamente.

Para la Cámara, la protección a los derechos fundamentales de los trabajadores debe prevalecer sobre los intereses y privilegios de particulares, y expresó su acuerdo con el criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, respecto de que se ejerce un acto de violencia moral cuando se pide una renuncia en el momento mismo de la contratación.

La reforma, definió la comisión, pretende que cuando un caso de despido llegue a los tribunales laborales, los juzgadores puedan contar con elementos suficientes para resolver cada caso, en especial cuando se esgrimen documentos sustraídos bajo la violencia moral, debido a un temor o amenaza, y que sean presentados en un juicio del orden laboral.

La comisión también expuso que la Corte ha emitido un criterio para que corresponda al patrón la carga de la prueba para demostrar falsedad de hechos invocados en una demanda laboral.

El criterio del Poder Judicial federal, sobre todo cuando se condena al patrón a devolver hojas en blanco firmadas, selladas o con la huella digital del trabajador, es que queda en el demandante demostrar la existencia de tales documentales, ya que el criterio jurisdiccional es que no forman parte de los documentos cuyo resguardo está encomendado a la parte patronal, agregó.