Proceden de Guatemala, El Salvador y Honduras: Imuni
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Viernes 3 de abril de 2015, p. 4
En la presente administración, el número de migrantes asegurados en territorio nacional por el Instituto Nacional de Migración (INM) se ha incrementado en más de 200 por ciento. De acuerdo con cifras oficiales, las mujeres migrantes son las más afectadas, ya que pasaron de 11 mil 963 detenidas en 2012 a 28 mil 693 en los dos años siguientes.
‘‘Vemos que esta administración tiene una política de detención y deportación que está aplicando de manera mucho más fuerte que en el sexenio pasado. Hemos visto que hay un aumento en las detenciones de mujeres; de éstas, 99 por ciento son del llamado Triángulo Norte centroamericano (Guatemala, El Salvador y Honduras)’’, aseguró Gretchen Kuhner, directora del Instituto de Mujeres en la Migración (Imumi).
Señaló que al mismo tiempo ‘‘tenemos el aumento de menores no acompañados que intentan llegar a Estados Unidos para alcanzar a sus padres’’.
Esto sucede en el mismo contexto, explica, ya que las madres o los padres no viajan con sus hijos, ‘‘porque así lo aconsejan los polleros, ya que, les dicen, los menores tienen más posibilidades de un mejor trato migratorio si llegan solos y logran cruzar la frontera.
‘‘Esta información no es cierta, pero las familias toman la decisión de viajar por separado, impulsados por la falta de oportunidades de educación y empleo en sus lugares de origen, así como la inseguridad.’’
A su vez, la directora de la Clínica Jurídica del Programa Universitario de Derechos Humanos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Guadalupe Barrena Nájera, señaló que al menos 40 por ciento del trabajo que lleva a cabo el INM tiene que ver con la detención de los migrantes a bordo de autobuses u otros vehículos, que han sido los mecanismos de traslado más utilizados por los centroamericanos tras el endurecimiento de los controles para utilizar el tren conocido como La Bestia.
Condenó que, en este caso, las inspecciones de los agentes de migración se basen en la apariencia física, como pretendía hacer la ley Arizona en el caso de los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Estas revisiones, dijo, son ‘‘altamente discrecionales y discriminatorias’’.
Durante su participación en la mesa Acceso a la justicia y equidad de género, realizada ayer en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, puntualizó que mientras en el último año del sexenio calderonista se detuvo a 11 mil 963 mujeres, en 2013 el número aumentó a 13 mil 975 y el año pasado llegó a 28 mil 693.
La investigadora de la UNAM condenó además que la política migratoria se aplique de manera ‘‘desigual’’, pues se suma a la serie de peligros a los que se enfrentan los migrantes centroamericanos –destacadamente las mujeres– en su trayecto hacia la frontera con Estados Unidos.
Así, concluyen ambas investigadoras, la presión de las autoridades migratorias ha obligado a quienes pretenden llegar a Estados Unidos a buscar nuevas rutas cada vez más peligrosas, lo que los vuelve, ‘‘si se puede decir así, aún más vulnerables’’.