Las ‘‘presiones’’ del gobierno mexicano hacia el relator especial de Naciones Unidas sobre Tortura, Juan Méndez, para que cambiara el sentido de su informe, son un signo ‘‘preocupante’’ por la forma en que las autoridades buscan ocultar la persistencia de este delito para cuidar su imagen en el extranjero, señalaron organizaciones de la sociedad civil.

José Antonio Guevara, director de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, consideró ‘‘muy preocupante’’ que el gobierno de México haya tratado de modificar el documento de conclusiones del funcionario, en particular sobre el carácter ‘‘generalizado’’ de la tortura, pues dicha pretensión va más allá de sus facultades en este tipo de ejercicios.

‘‘Normalmente la práctica es que los relatores mandan su informe al gobierno en cuestión unos días antes de hacerlo público, para ver si quiere hacer comentarios o corregir imprecisiones, como estadísticas o nombres de instituciones, por ejemplo, pero no sus interpretaciones ni la calificación de los hechos. Pedirle al relator Méndez que cambie su opinión es algo inaudito’’, enfatizó.

‘‘Si el gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto realmente tiene un compromiso con la Constitución, en el sentido de que la política exterior mexicana se regirá por la defensa de los derechos humanos, lo que corresponde hacer es retirar la carta de extrañamiento al relator de la ONU y aceptar de inmediato su visita en 2015 o 2016. No es aceptable que la Secretaría de Relaciones Exteriores) rompa con un mecanismo de Naciones Unidas’’, manifestó el activista.

Édgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, subrayó por su parte que el diferendo entre el gobierno y el relator Juan Méndez es una muestra de cómo la política exterior mexicana ‘‘muchas veces se preocupa más por la apariencia y la imagen del país que por la realidad que se vive’’ en fenómenos como la tortura y otras violaciones graves.

En ese contexto, aseveró que el carácter ‘‘generalizado’’ de la tortura se refiere a que existen ‘‘patrones repetitivos en el momento de la detención, antes de poner a la víctima a disposición de la autoridad y en la complicidad entre policías, agentes del Ministerio Público y peritos’’ para ocultar los hechos.

‘‘Cuando (el canciller José Antonio) Meade cuestionó la ética y la probidad de Méndez, me pareció muy desafortunado e indebido, porque eso significa desconocer su trabajo de décadas. Descalificarlo contribuye en el fondo a debilitar los órganos de derechos humanos de Naciones Unidas y ese es un punto muy preocupante’’, recalcó.