La determinación de un juzgado de distrito en materia administrativa de que sos inconstitucionales tres artículos de la Ley de Movilidad del Distrito Federal sienta un precedente histórico en la protección del derecho de la sociedad a manifestarse, indicó el Frente por la Libertad de Expresión y la Protesta Social.

En un comunicado conjunto, firmado por diversos colectivos, entre ellos Artículo 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el frente explicó que el juzgado octavo de distrito en materia administrativa determinó el carácter inconstitucional de los artículos 212, 213 y 214 de la legislación mencionada.

Asimismo, dicha autoridad judicial señaló que el gobierno capitalino debe abstenerse de acusar por delitos penales o de otro tipo a los quejosos por el simple hecho de manifestarse, y que no es permitida la detención de los participantes en protestas por personas no identificadas o por miembros de las fuerzas de seguridad.

Lo anterior representa un estándar novedoso y único en la protección del derecho de manifestación pública, ya que también se establece que el uso de las fuerzas del orden es excepcional y por ninguna circunstancia puede darse con criterios ambiguos, como la aplicación de medidas necesarias, como señala la Ley de Movilidad del Distrito Federal, pues así se genera un acto de arbitrariedad.

El fallo señala la presunción de legitimidad de toda manifestación, por lo que declara inconstitucional la obligación de dar aviso por escrito a la Secretaría de Seguridad Pública capitalina cuando se vaya a realizar una protesta con fin perfectamente lícito, ya que esa disposición presupone la ilegalidad de las marchas.

Este fallo, recordó el frente, se suma a otros siete amparos concedidos en noviembre de 2014 y enero de 2015, que han beneficiado a organizaciones, defensores de derechos humanos y académicos que han impugnado esta norma.

El martes pasado, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Distrito Federal anunció que apelará del fallo, y que será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que diga la última palabra en el tema.