En una decisión histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) amparó a la madre de una víctima de feminicidio, quien demandó que la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) revise las omisiones en que incurrió, que derivaron en la absolución del esposo de la víctima, en un proceso penal plagado de irregularidades. Además, para que el asunto se investigue como homicidio y no como suicidio.

Por primera vez, la primera sala de la SCJN estableció criterios para que la PGJEM y sus homólogas del país investiguen la muerte violenta de mujeres desde una perspectiva de género. Asimismo, señaló que el Ministerio Público debe preservar adecuadamente las evidencias, la escena del crimen, recuperar el material probatorio, identificar e interrogar a los testigos, y realizar las autopsias con personal capacitado para determinar si se trata de un crimen de odio hacia las mujeres.

Por unanimidad, los ministros ampararon a Irinea Buendía, madre de Mariana, quien fue asesinada el 28 de junio de 2010, en Chimalhuacán, estado de México, horas después de que le había revelado que iba a presentar una demanda contra su esposo, el policía judicial Julio César Hernández Ballinas, por la violencia que había sufrido durante año y medio. La Corte ordenó a la procuraduría mexiquense que la averiguación previa contemple todas las líneas de investigación para determinar las causas del homicidio.

En su sentencia, la sala cuestionó a la procuraduría mexiquense –en ese entonces a cargo de Alfredo Castillo, quien fue comisionado federal en Michoacán– porque no investigó el asunto con perspectiva de género, a pesar de que se tenía conocimiento de la grave problemática estatal y nacional de muertes de mujeres. Señala que la PGJEM contaba con protocolos para investigar que no se cumplieron, además de que no se protegió la escena del crimen, no se recogió evidencia y no se investigó la conexión entre el esposo de la víctima y los policías que investigaron los hechos, así como otras irregularidades que ocurrieron durante el proceso.

Durante la sesión, la ministra Olga Sánchez Cordero dijo que la sentencia es de la mayor trascendencia, en virtud de que analiza la cultura de la violencia contra la mujer en nuestro país y su impacto negativo en el actuar y diligencia de las procuradurías de Justicia en la conducción de averiguaciones previas, así como la percepción de los órganos jurisdiccionales ante asuntos de esta naturaleza”.

Entrevistada al término de la sesión, Irinea Buendía dijo que los ministros estuvieron a la altura de las circunstancias y que su lucha por que se haga justicia en el asesinato de su hija continúa.

Esto va a ayudar a que se haga justicia en todos los feminicidio que hay en México, dijo, visiblemente emocionada. Ya es suficiente con lo que los misóginos han hecho con nuestras mujeres, señaló.

El abogado Rodolfo Domínguez destacó que la decisión de la Corte constituye un mensaje a las autoridades del estado de México para que atiendan el creciente problema de feminicidio en esa entidad.

Cuando ocurrió el crimen el homicida era judicial, pero fue ascendido a comandante en Toluca

René Ramón e Israel Dávila, corresponsales

Nezahualcóyotl, Méx.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en su favor, Irinea Buendía, madre de Mariana Lima Buendía, abogada asesinada por su esposo en 2010, destacó que persistirá en su lucha por que se haga justicia en el caso de su hija.

El asesino de Mariana, indicó, es Julio César Hernández Ballinas, quien entonces se desempeñaba como policía judicial en Chimalhuacán.

En Toluca, la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) informó la tarde de ayer que cumplirá cabalmente la ejecutoria señalada por la primera sala de la SCJN, que ordenó reabrir el caso de la muerte de Lima Buendía, ocurrida en 2010 en el municipio Chimalhuacán, e investigar el asunto con el tipo penal de feminicidio.

En un comunicado, la dependencia estatal explicó que la investigación se radicará en la Fiscalía Especializada en Feminicidios, instancia que agotará todas las líneas de investigación que se desprendan de la resolución de los magistrados.

Precisó que la investigación por la muerte de la joven no se ha cerrado, y que se ha sustituido al personal a cargo de la misma para garantizar imparcialidad en la aplicación de la justicia.

La madre de Mariana dijo que la resolución de la Corte sienta un precedente favorable para hacer justicia en los casos de femenicidio en México, y destacó que la PGJEM no tomó en cuenta los testimonios de la familia, que sostiene que la joven abogada era víctima de violencia doméstica. Tampoco le creyeron cuando su hija amaneció muerta, el 29 de julio de 2010, en la vivienda que compartía con su esposo –quien tenía 45 años de edad–, en el municipio de Chimalhuacán, estado de México.

El MP determinó suicidio

Precisó que el policía ministerial que asesinó a su hija ya dejó el cargo en el Centro de Justicia de Chimalhuacán, porque fue ascendido a comandante en Toluca.

Desde que falleció Mariana, Irinea Buendía ha denunciado que la pareja de su hija alteró la escena del crimen para hacer pensar que la joven, quien tenía 29 años, se había suicidado. Cuando mi hija decide separarse de él, la asesina; él siempre le dijo que prefería asesinarla a permitir que lo dejara.

El Ministerio Público determinó que se trató de un suicidio por ahorcamiento, pero el cuerpo fue hallado recostado en la cama, la vivienda no fue protegida para evitar que la escena fuera alterada y la policía no quiso entrevistar a los amigos y familiares que denunciaban violencia intrafamiliar.

“Cuando él me habló –en 2010– para decirme que mi hija se colgó, yo le respondí: ¡Pero si ya la mataste, hijo de la chingada!”