Buenos Aires,

El presidente de la Corte Suprema de Argentina, Ricardo Lorenzetti, llamó a respetar las instituciones, el Poder Judicial, el Congreso y también la figura presidencial, dijo que los jueces no gobiernan ni deben gobernar, y causó impacto al señalar que en 1999 hubo una sentencia por el atentado a la embajada de Israel en la que se encontró culpable a Hezbolá.

Aclaró que esa sentencia -muy anterior a la conformación de la corte actual- determinó la materialidad y la imputabilidad del hecho. Encontró culpable a un grupo: Hezbolá. Esa sentencia está publicada y consentida por las partes. Nosotros no podemos, como tribunal, modificar el fallo, es cosa juzgada, aseguró durante su discurso en el acto de apertura del Año Judicial.

En este caso respondía a la pregunta formulada el pasado 1 de marzo por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en referencia a que fue la Corte Suprema la que debió juzgar ese hecho sucedido en 1992, ya que se trataba de territorio de Israel, como es considerada la sede diplomática y que dejó 29 muertos, sobre lo que no ha habido prácticamente información.

La respuesta del magistrado sorprendió a muchos analistas y a sectores políticos que se dan por enterado ahora de esta decisión, lo que seguramente va a engendrar polémicas, porque parece extraño que se haya decidido sin pruebas, al menos conocidas, por la sociedad, este fácil resultado de acusar a una organización libanesa, que nunca opera fuera de su territorio Líbano o sus áreas cercanas.

La mandataria hizo varias referencia a un sector del Poder Judicial que para el gobierno se convirtió en un verdadero partido Judicial , tanto porque ha abusado de medidas cautelares, que han servido hasta ahora para impedir el cumplimiento de leyes votadas por el Congreso, como la de medios audiovisuales y otras para favorecer a sectores privados o monopólicos.

También por lo actuado por algunos fiscales alrededor de la muerte aparentemente por suicidio del fiscal Alberto Nisman, quien estaba de la causa del atentado contra la Asociación Mutual Israelita-Argentina (AMIA, 1994), después de la denuncia presentada el pasado 14 de enero contra la mandataria, el canciller Héctor Timerman y otras personas y que encabezaron una manifestación opositora el pasado 18 de marzo, donde se escucharon expresiones violentas hacia el gobierno.

Otro caso que planteó la mandataria fue la decisión de la Corte Suprema, el pasado 19 de febrero, que desestimó la investigación sobre las torturas y vejámenes que sufrieron los soldados argentinos por parte de sus superiores durante la guerra de las Malvinas (1982).

Fernández de Kirchner en su discurso del domingo pasado impulsó a los ex combatientes organizados aquí, que denunciaron torturas por parte de sus jefes varios de ellos juzgados por delitos de lesa humanidad durante la pasada dictadura militar para que recurran a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante esta resolución negativa del máximo tribunal de justicia.

De hecho los ex combatientes anunciaron este martes que presentarán el caso por torturas ante la CIDH en el menor tiempo posible y consideraron que la presidenta reafirmó su compromiso de siempre con la defensa de los derechos humanos y con la causa Malvinas, mientras que para ellos el fallo de la Corte representa un verdadero escándalo procesal.

Por otra parte, Lorenzetti sostuvo que el Poder Judicial debe poner límites, pero aclaró que “eso no significa ni puede significar que sustituya la acción de gobierno (…) Los jueces no gobiernan ni deben gobernar” y agregó que es un error que los magistrados busquen la popularidad, en lo que pareció una crítica hacia los fiscales que convocaron a la movilización del pasado día 18.

Llamó a los jueces a enfocarse en los procesos y no hagamos de eso disputas de intereses o de poderes o de cuestiones que son ajenas a la lucha contra la impunidad.

El titular de la Corte Suprema también pidió políticas comunes entre los tres Poderes y reclamó la creación de una policía científica judicial. Advirtió que es tiempo de terminar con la impunidad, y reclamó que no hagamos disputas de poderes y llamó a terminar con esos procesos que no tienen resultados y con las investigaciones oscuras, que se traban, al abogar además por defender y preservar la democracia.