En las audiencias públicas sobre la Ley General de Transparencia, organizaciones civiles, especialistas y órganos como el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, consideraron que las modificaciones propuestas a esa iniciativa por la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República limitarían el acceso al derecho a la información, serían regresivas e irían contra la reforma constitucional en la materia.

En el Senado, Ana Cristina Ruelas, de la organización Artículo 19, manifestó que sólo mediante la transparencia se puede evaluar la efectividad de las instituciones de procuración de justicia, porque hasta el momento el secreto de la información no ha funcionado para garantizar la efectividad de la persecución de esos delitos. Por ello, dijo, las averiguaciones previas no deben tener secrecía y debemos ser claros: no consideramos que las que están en trámite deban abrirse al escrutinio público.

En tanto, el primer visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Ismael Eslava, defendió que se explique en el dictamen que la institución especializada y encargada de determinar violaciones graves a garantías humanas o de lesa humanidad es ésta.

Al participar en las audiencias organizadas en el Senado, subrayó: Calificar de grave un hecho violatorio a derechos humanos por un órgano especializado, facultado constitucionalmente y en el marco de una investigación, no deja abierta la posibilidad a una calificación ulterior, toda vez que ningún otro órgano puede llenarse de los elementos mínimos indispensables para realizarla.

Insistió en que la declaración de violaciones graves a derechos humanos, realizada por el órgano especializado que lleva a cabo la investigación, constituye una facultad exclusiva establecida en la Constitución (para la CNDH). Por tanto, se evita alterar el orden constitucional y eventuales contradicciones entre órganos con competencias delimitadas.

Ismael Eslava advirtió que si se otorga esa facultad a órganos como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), puede ocurrir que se califique de grave una violación a garantías humanas sin sustentos ni elementos que lo determinen.

La investigadora y ex titular del Ifai Jacqueline Peschard manifestó que debe dejarse como está la iniciativa actual, es decir, que por excepción el Ifai pueda determinar cuándo una vulneración a derechos humanos es grave o no, siempre y cuando no lo hubieran hecho ya la CNDH o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Por su parte, la Consejería Jurídica de la Presidencia señaló que en el documento al que se hace referencia se habla de 80 observaciones, pero no se trata de ello, sino de modificaciones que derivarían en temas específicos, porque consideramos que existen coincidencias de fondo.

Subrayó que en el caso de que se creen estructuras para fideicomisos públicos, consideramos que pueden atender los cumplimientos de transparencia sin que tengan que conformarse un comité para cumplir con ello, es decir, no instituir estructuras administrativas innecesarias.

Por lo que respecta al tema de condonación y cancelaciones fiscales, sí se deben dar a conocer los nombres y cantidades de los beneficiarios, pero no así en el caso de las exenciones, porque es materialmente imposible dada su naturaleza.