Las comisiones senatoriales de Anticorrupción y de Participación Ciudadana, así como la de Estudios Legislativos, segunda, sesionarán este lunes para celebrar las audiencias públicas en materia de transparencia y acceso a la información, con el objetivo de modificar el dictamen de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública que se encuentra en esta cámara y fue frenado en diciembre pasado por PAN y PRD.

El último día de sesiones ya estaba listo para discutirse el dictamen de la Ley General de Transparencia, pero los senadores de PAN y PRD advirtieron que al dictamen ya aprobado en comisiones por PRI y PVEM le querían hacer modificaciones de último momento, a petición de la Consejería Jurídica de la Presidencia.

El senador pevemista Pablo Escudero, presidente de la Comisión Anticorrrupción y Participación Ciudadana, manifestó que no existe tal propuesta del consejero jurídico, y que el documento –que presentó el consejero jurídico– no se discutirá en las comisiones dictaminadoras.

Sin embargo, reconoció que PRI y PVEM impulsarán la mayor parte de esos cambios y se reformarán al menos 60 artículos de la iniciativa de Ley General de Transparencia, entre ellas todo el capítulo acerca de apertura de información sobre contratos petroleros, a fideicomisos y las facultades de sanción del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) y de acceso directo a violaciones graves de derechos humanos.

Refirió que se revisaba el dictamen para sacar lo que va contra la Carta Magna. Si eso implica retirar artículos, por supuesto que lo voy a hacer.

Sostuvo que hay 95 por ciento de avance y hay temas en que no podrán ponerse de acuerdo con los senadores de PAN y PRD, ya que siguen insistiendo en temas que no pueden ir más allá de lo definido en la reforma constitucional en materia de transparencia, como dar al Ifai la posibilidad de aplicar sanciones.

En las audiencias de este lunes participarán Darío Ramírez, de la organización no gubernamental Artículo 19; representantes del Poder Judicial de la Federación, de la CNDH, el encargado en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; la consejería jurídica de la Presidencia de la República; un representante del Banco de México, y la Comisión Federal de Competencia Económica.