Comenzará con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, enmendada en 2012
Lunes 2 de marzo de 2015, p. 16
Una vez aprobada la reforma constitucional en materia de anticorrupción, el Congreso tendrá medio año para votar la legislación secundaria, comenzando con cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que se modificó en diciembre de 2012 para desaparecer la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Aquella reforma, la primera del sexenio, sacó del organigrama a la Función Pública como una de las dependencias del gabinete y transfirió todas sus atribuciones a la Secretaría de Hacienda. Por ello la operación del sistema anticorrupción no será inmediata.
En los transitorios de la reforma, que entró en vigor el 13 de diciembre de 2012, el Congreso definió que la desaparición de la secretaría estaba sujeta a que se aprobara la comisión anticorrupción. Sin embargo, la reforma aprobada el jueves por la Cámara de Diputados da nuevas atribuciones a la dependencia y la incluyó como parte del sistema nacional anticorrupción.
En ese entonces, a propuesta del Ejecutivo, las dos cámaras del Congreso aprobaron reformar distintos artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública.
Así, cambió el artículo 26 para desaparecer del organigrama a la Función Pública; el 31, para transferir sus atribuciones a Hacienda; el 37, referido a las atribuciones de la Función Pública; el 44, sobre la supervisión de Hacienda para vigilar el correcto manejo de los recursos públicos y para que ésta definiera disposiciones sobre auditorías preventivas.
Además, en los transitorios de la reforma votada el jueves, que está a revisión en el Senado, el Congreso deberá aprobar una ley general del sistema anticorrupción, otra del Tribunal de Justicia Administrativa y una más que armonice las competencias sobre sanciones y obligaciones de los funcionarios públicos.
Un análisis del coordinador del PRD, Miguel Alonso Raya, refiere que deben revisarse otras leyes, como la de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, y de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Y también, los reglamentos Interior de la Auditoría Superior de la Federación; de Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales de la Cámara de Diputados, e Interior de la Unidad de Evaluación y Control.
