Desde hace 14 años el gobierno federal ha intentado, sin éxito, frenar a la delincuencia organizada en Michoacán. Tampoco han prosperado los operativos al mando de militares o los planes políticos y de desarrollo para la entidad.

Las cifras oficiales dan cuenta de lo anterior. En 2001 fueron interpuestas 26 mil 648 denuncias por delitos del fuero común (incluidos 475 homicidios dolosos) y, en 2014 la estadística cerró con 35 mil 369 expedientes, entre los que destaca casi un millar de asesinatos vinculados al crimen organizado.

El presidente Vicente Fox (2000-2006) puso en operación México Seguro, aunque durante ese periodo subieron igualmente los casos de plagios, ejecuciones y cobro de piso.

La guerra contra el narcotráfico que impulsó Felipe Calderón desde diciembre de 2006 tuvo como primer objetivo Michoacán, su tierra natal, y tan sólo en esta entidad el combate a los grupos criminales dejó un saldo en esa administración más de 3 mil 500 personas muertas, entre delincuentes, policías y víctimas colaterales.

Cinco estrellas

Hasta Apatzingán, uno de los municipios más violentos del país, llegó el 3 de de enero de 2007 el presidente Calderón, vestido con chamarra y gorra militares, luciendo las cinco estrellas, exclusivas del comandante supremo de las fuerzas armadas del país. El gobernador perredista Lázaro Cárdenas lo recibió con un agradecimiento por las operaciones emprendidas contra el narcotráfico. Lo mismo hicieron sus sucesores, tanto de izquierda como del PRI. Al paso de los años nada ha detenido el aumento de las violaciones a los derechos humanos y la expansión de los grupos delictivos. La inseguridad se ha extendido en toda la entidad; el crimen ha infiltrado las esferas policiales, procesos electorales y la actividad económica.

En el gobierno de Peña Nieto persiste la estrategia del pretendido control a través de los mandos federales.

Sin embargo, el 24 de febrero de 2013 unos 700 hombres de los municipios de Tepalcatepec y de Buenavista Tomatlán se levantaron en armas para combatir a los grupos delictivos, porque ya la mayoría de ganaderos, agricultores, comerciantes e incluso los cortadores de limón pagaban cuota.

Surgieron liderazgos como el de José Manuel Mireles, Hipólito Mora, Estanislao Beltrán, Papá Pitufo, y Alberto Gutiérrez, el Comandante Cinco.

Las autodefensas lograron tener presencia en más de 30 municipios, pero sobre todo llegó el momento en que en poblaciones como Tepalcatepec, La Ruana, Tancítaro, Aguililla, Coalcomán y Chinicuila, lograron reducir al mínimo la delincuencia.

En enero de 2014 el gobierno federal envió al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo Castillo, quien desmanteló las policías estatal y municipales. Hubo más de 700 despidos.

Con la anuencia del todavía gobernador Fausto Vallejo y el Congreso local, el funcionario federal designó al procurador y al secretario de Seguridad Pública.

Castillo institucionalizó a las autodefensas y en abril de 2014 intentó desarmarlas. Un mes después creó la Policía Fuerza Rural, la mayoría ex integrantes de autodefensas.

Hubo rebeldía de algunos líderes, como Mireles y Mora, quienes se encuentran presos.

El reclamo principal de las autodefensas fue que integrantes del crimen organizado se habían infiltrado tanto en las guardias comunitarias como en la nueva policía.

Castillo fue removido del cargo en enero pasado. Al salir dijo que durante un año combatió el crimen con múltiples detenciones: 225 servidores públicos, tres ex secretarios de gabinete, ocho alcaldes, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, tres subdirectores de seguridad pública municipal, ocho policías ministeriales, 29 elementos estatales y 150 agentes municipales.

Durante la gestión de Castillo fueron detenidos más de 400 autodefensas, y aún están presos más de 30, entre ellos Mora y Mireles, así como el líder comunitario de Aquila, Agustín Villanueva.