Phoenix, Arizona.

Agentes del departamento de policía de Tucson dejarán de preguntar el estatus migratorio a personas que han sido víctimas de algún crimen o atestiguaron la comisión de delitos, según las nuevas directrices de esa corporación en la materia.

Dichas directrices reconocen explícitamente que la mera presencia sin autorización en Estados Unidos no es delito, por lo que sólo las autoridades federales pueden pedir esa información.

El cambio se produce luego de que el Departamento de Seguridad Interna emitió nuevos lineamientos sobre quién es prioridad para la deportación.

Las modificaciones son consecuencia de la acción ejecutiva del presidente Barack Obama sobre inmigración, y colocan como prioridad de deportación de extranjeros con antecedentes delictivos o sospechosos de terrorismo.

El cambio de noviembre en las prioridades federales sirvió de base para nosotros, para volver a evaluar las directrices generales, afirmó Mike Rankin, asesor legal del gobierno de la ciudad, en declaraciones a la prensa local.

Explicó que los agentes de policía de Tucson sólo investigarán el estatus migratorio de una persona si, tras la verificación de antecedentes, encuentran que su caso corresponde a una de las prioridades federales identificadas para la deportación.

La disposición podría colocar a los policías de Tucson en desacato de la previsión de la ley estatal SB 1070, que ordena revisar la situación legal de una persona en Estados Unidos si se sospecha que se encuentra en forma indocumentada en el país.

Rankin sostuvo que la adopción de las nuevas directrices no se hizo a la ligera, y sentimos que son defendibles.