Buenos Aires.

El juez federal Daniel Rafecas desestimó este jueves la imputación del fiscal Gerardo Pollicita para impulsar la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el canciller Héctor Timerman y otros dirigentes, por una confabulación criminal para encubrir a ciudadanos iraníes presuntamente implicados en el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, a cambio de un acuerdo comercial con Irán, y sostuvo: no existen condiciones mínimas para el inicio de una investigación.

El juez Rafecas, designado por la justicia y que no puede ser objetado como cercano al Poder Ejecutivo, afirma en su fallo que no están dadas las condiciones mínimas para iniciar una investigación penal a partir de lo presentado por el fiscal (Nisman) en su denuncia del 14 de enero, cuatro días antes de su muerte, y “ha quedado claro, que ninguna de las dos hipótesis de delito sostenidas por el fiscal Pollicita en su requerimiento actual, se sostienen mínimamente.

“En el marco del memorando de entendimiento firmado con Irán en 2013, la Comisión de la Verdad nunca pudo nacer. Desde aquel entonces transcurrieron ya dos años. Y luego, fue sepultada, seis meses atrás, a partir de haber sido declarada inconstitucional… Con este panorama, ensayar aun así una hipótesis de delito de encubrimiento, realmente, carece de todo asidero. Tanto desde el punto de los hechos como, especialmente, desde el derecho”, agrega el magistrado.

Sobre las presuntas evidencias contra Fernández de Kirchner, Rafecas indica que concluyó que “no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado respecto –aunque sea– a una instigación o preparación (no punible) del gravísimo delito de encubrimiento por el cual fuera no sólo denunciada, sino también su declaración indagatoria requerida.

La situación es igualmente alarmante en cuanto a la ausencia de elementos de prueba que respalden la grave imputación que aquí se ha formulado, refiere y expone: si la grave acusación del doctor Nisman fuera cierta, habría que admitir que una figura política, que actualmente reviste la presidencia, que a lo largo de 20 años de trayectoria ha sido consecuente en la búsqueda en proveer verdad y justicia a las víctimas del atentado, conciba dar un giro de 180 grados en sus convicciones e instruya a sus subordinados a traicionar esos valores, a su país, y especialmente a las víctimas que siguen esperando por verdad y justicia.

El dictamen de Rafecas está basado en argumentos considerados inobjetables por importantes juristas locales, desmenuzando cada uno de los temas.

En una parte de su dictamen interroga: “¿cómo puede un instrumento jurídico que nunca cobró vida constituir un favorecimiento real, una ayuda material concreta prestada –en este caso- a prófugos de la justicia argentina?” y señala que el mismo Nisman sostiene que Irán abandonó todo interés en el asunto tras el comunicado oficial de Interpol mes y medio después, el 15 de marzo de 2013, en el que se ratificó la vigencia de las alertas rojas de Interpol para detener a los iraníes sospechosos.

Rafecas consigna que de la documentación presentada se desprende que el gobierno argentino no sólo no actuó en función de conseguir un levantamiento de los pedidos de captura internacional para los ciudadanos iraníes acusados, sino que hizo todo lo contrario, y que esa posición se mantiene inamovible desde 2007.

Aníbal Fernández, en imagen de archivo, tomó protesta ayer como nuevo jefe de gabinete argentino, en remplazo de Jorge Capitanich, quien regresa a su cargo de gobernador en la provincia de ChacoFoto Reuters

En cuanto a las escuchas telefónicas presentadas como pruebas, el juez plantea que las personas citadas y escuchadas no integran organismos públicos, lo que vuelve difícil la conexión con las máximas autoridades del Estado, y además, que lo que surge de esas grabaciones es, en el mejor de los casos, la preparación de un delito, que no es punible penalmente.

En suma, señala: podemos afirmar que, a partir de todas las evidencias reunidas en este expediente a la fecha... llego a la conclusión de que no hay un solo elemento de prueba, siquiera indiciario, que apunte a la actual jefa de Estado.

En los mismos términos se refiere Rafecas a la denuncia contra el canciller Héctor Timerman y el diputado Andrés Larroque.

El juez confirma que el 23 de febrero pasado recibió un oficio, remitido por las actuales autoridades a cargo de la Unidad Especial de la AMIA en documentación anexa, que eran escritos firmados por el fiscal Nisman ante por lo menos cinco secretarios letrados de la AMIA, en los que pretendía solicitar al Poder Ejecutivo que requiriera al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas activar los mecanismos compulsivos y conminar a Irán a detener, con fines de extradición, a los ciudadanos acusados del atentado.

Como el marco dispuesto por el memorando de entendimiento contrariaba de alguna manera esta idea de forzar a Irán, Nisman había confeccionado dos documentos, ambos firmados en diciembre de 2014. El primero estaba pensado para el caso en que la República Islámica de Irán ratificara el citado memorando. El segundo, para el supuesto en que ello no ocurriera.

Rafecas asevera con sorpresa en su dictamen que en estos documentos, elaborados en la misma época en que se estaba armando la denuncia contra Fernández de Kirchner y otros funcionarios, no sólo no hace ningún tipo de alusión a la inminente o consumada presentación de la denuncia en contra de las máximas autoridades del Poder Ejecutivo Nacional, sino que, a lo largo de sus páginas, presenta una postura diametralmente opuesta, en el sentido de que realiza consideraciones sumamente positivas de la política de Estado del gobierno nacional, desde 2004 hasta la actualidad. Estos dos documentos firmados en diciembre por el fiscal Nisman dicen todo lo contrario a lo que el mismo fiscal afirma en su denuncia, presentada 15 días después.

Por otra parte, Fernández de Kirchner tomó juramento al nuevo jefe de gabinete, Aníbal Fernández, en remplazo de Jorge Capitanich; al diputado Eduardo Wado de Pedro como secretario de la Presidencia y al ministro de Salud, Daniel Gollan, en remplazo de Jorge Manzur. Capitanich regresa a su cargo de gobernador en la provincia de Chaco y Manzur a Tucumán.

Gollan es un médico con largo recorrido en la salud pública. Fue detenido político durante la última dictadura militar y debió exiliarse en Alemania. De Pedro, de 38 años, es abogado e hijo de desaparecidos y miembro del grupo juvenil oficialista La Cámpora desde su militancia en HIJOS.