No hay indicios de mejora en las condiciones de vida de ejidatarios y comuneros, su pobreza alimentaria, de capacidades y patrimonio aumentó, y los programas destinados para apoyarlos a superar dichas condiciones  carecen de mecanismos de verificación.

El gobierno reconoce dicha situación, pero en su política pública no incluye un escenario al que aspire para abatir el problema ni explica con claridad su estrategia para aumentar la inversión en el sector agrario y mejorar el nivel de vida de la población rural”, aseveró la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En la evaluación de la política agraria, que estuvo a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la ASF especificó, asimismo, que en una década la población rural en pobreza alimentaria aumentó en 30 por ciento; en capacidades, 19 por ciento, y en patrimonio 11 por ciento. Identificó que los programas: Atención a conflictos sociales en el medio rural (Cosomer), Joven emprendedor rural y fondo de tierras (JERFT); Fomento al desarrollo agrario (Formar), Fondo para el apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios (FAPPA), de la Mujer agraria (Promusag, que el año pasado se renombró en Apoyo para la Productividad de la Mujer Emprendedora Promete) tienen una cobertura limitada frente a la magnitud de los problemas que los origina, carecen de un sistema de información específico para evitar duplicidades y no disponen de mecanismos para verificar en campo condiciones geográficas, económicas y sociales para impulsar los proyectos productivos que respaldan.

Puntualizó la atención: Cosomer, 19 de 445 conflictos (4.3 por ciento); FAPPA, 27 mil 579 personas de 3.6 millones (0.8 por ciento); Promusag, 29 mil 790 mujeres de 1.9 millones (1.5 por ciento); JERFT, mil 37 jóvenes de 156 mil 889 (0.6 por ciento); Formar, 199 organizaciones y grupos de 19 mil 602 de ambos rubros (uno por ciento).

Recomendó mayor coordinación entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación –a la cual el año pasado se trasladaron FAPPA y Promete– y Sedatu, para que definan acciones conjuntas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población rural.

De la certificación de núcleos agrarios, la ASF expuso que el registro agrario nacional y la Procuraduría Agraria no contaron con los recursos económicos para certificar y regularizar los mil 842 núcleos agrarios que no tienen sus documentos, y cuya mayoría se localiza en Chiapas, Oaxaca y el Distrito Federal.