l magistrado del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) Flavio Galván Rivera dijo ayer que los comicios previstos para junio próximo se desarrollarán en el contexto de una crisis de credibilidad en las instituciones nacionales, incluidas las electorales, y afirmó que está en manos de la ciudadanía dar confiabilidad al proceso.
La admisión es inquietante, grave y exasperante, no sólo por venir de quien viene, sino también por la presente circunstancia, cuando el Instituto Nacional Electoral (INE) atraviesa por una descomposición precoz, a menos de un año de haber sido fundado, luego de que siete de los 10 partidos con registro abandonaron las sesiones del Consejo General por considerar que algunos de los consejeros, incluido el presidente, Lorenzo Córdova, exhiben una actitud abiertamente parcial hacia el gobernante Revolucionario Institucional (PRI).
Pero el descrédito del INE y del TEPJF no comenzó la semana antepasada. Al menos en las dos pasadas elecciones presidenciales ambos organismos y sus dirigencias han tenido un desempeño desastroso para su propio prestigio, para la democracia y para el tejido institucional en general.
Hace unos días, por ejemplo, el TEPJF exoneró al PRI de toda culpa en el llamado caso Monex
, pese a los flagrantes indicios de que ese instituto político recurrió en 2012 a operaciones con recursos de procedencia incierta, rebasó por mucho los topes de gastos de campaña y distribuyó dinero en forma masiva, por medio de tarjetas de débito –Monex y Soriana, principalmente– entre el electorado. A pesar de tales indicios y pruebas documentales, el 31 de agosto de 2012 el propio Galván declaró que los comicios del mes anterior habían sido libres y auténticos y se habían caracterizado por una equidad permanente
. Tan cuestionable como ese dictamen fue el desempeño omiso del Instituto Federal Electoral (IFE), entonces encabezado por Leonardo Valdés.
Peor aún, seis años antes, en septiembre de 2006, Galván Rivera, siendo por entonces presidente del TEPJF –cargo al que renunció en 2007, tras conocerse presuntos actos de corrupción de su entonces coordinadora de asesores, Norma Inés Aguilar León–, avaló un dictamen impresentable por medio del cual el órgano jurisdiccional declaró presidente a Felipe Calderón, a pesar de que el documento mismo reconocía la comisión de irregularidades electorales graves por el entonces presidente Vicente Fox, el Consejo Coordinador Empresarial y el Partido Acción Nacional. En aquella ocasión, el IFE, presidido a la sazón por Luis Carlos Ugalde, fue también cómplice del vasto y documentado desaseo y resultó manifiesta su supeditación al Poder Ejecutivo.
Con esos antecedentes, es claro que la génesis del descrédito institucional al que hizo alusión el magistrado Galván viene de años atrás y que el declarante mismo ha tenido en ella un papel preponderante e incluso protagónico. Su desempeño en 2006 y 2012 es un ejemplo del proceso de demolición de las instituciones electorales emprendido desde adentro por sus propios funcionarios, y sus declaraciones de ayer constituyen, en esa medida, una muestra de cinismo: el orden legal del país establece que la responsabilidad de organizar y calificar comicios fiables no corresponde a la ciudadanía, como pretende Galván, sino al INE y al TEPJF, órganos que consumen presupuestos astronómicos procedentes del bolsillo de los causantes y que, sin embargo, han defraudado en forma reiterada la confianza de la sociedad.
