Jorge Miranda y Sergio Soto, abogados de Jacqueline Santana y Bryan Reyes, estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) detenidos con violencia el pasado 15 de noviembre y acusados de haber robado 500 pesos a una agente de la Policía Federal, afirmaron que el proceso judicial que enfrentan los jóvenes está lleno de irregularidades.

Entre las anomalías se encuentran que no se observaron ni revelaron huellas digitales de ambos en el papel moneda –que posteriormente desapareció– ni en los cuchillos de cocina que supuestamente utilizaron para robar a la uniformada; además, las versiones de los policías que los detuvieron no coinciden.

En conferencia de prensa en el Centro Nacional de Comunicación Social (Cencos), señalaron que el 13 de enero pasado solicitaron a la Procuraduría General de la República (PGR) el desistimiento de la acción penal.

“Hasta ahora sabemos que el operativo para detenerlos en la unidad habitacional John F. Kennedy, de la colonia Balbuena, fue efectuado por la coordinación de operaciones encubiertas de la dirección general de operaciones e infiltración de la Policía Federal, que pertenece a la Comisión Nacional de Seguridad.

Operativo de 12 elementos

“En dicho operativo participaron más de 12 elementos equipados con armas de fuego, radiocomunicadores y vehículos oficiales sin logotipo ni identificación, como el Chevy plateado con vidrios polarizados en el que secuestraron a Bryan Reyes, donde lo interrogaron sobre sus actividades políticas y sus contactos en Facebook.”

Acompañados por las madres de ambos jóvenes, los abogados agregaron que los elementos que los secuestraron no son los mismos que los pusieron a disposición en el Ministerio Público. “El Estado pretendió cubrir el operativo de secuestro con la fabricación del delito a los estudiantes, y presentaron a la licenciada en derecho Lidia Zárate Herrera como denunciante y quien los acusó de robarle 500 pesos con los dos cuchillos de cocina.

Para fortalecer la fabricación del delito de robo, comparecieron como denunciantes y testigos José Montiel González y Luis Alberto Castillo Gordillo, pero en sus declaraciones ministeriales hay muchas contradicciones.

Los jóvenes negaron las acusaciones y, por lo contrario, señalaron que fueron víctimas “de un levantamiento extrajudicial”.

Aseguraron que se ha practicado a otro par de jóvenes el modus operandi de imputarles supuestos atracos a elementos policiacos. Esta modalidad es utilizada por las autoridades para actuar contra jóvenes que se dedican a la lucha de los derechos humanos y la injusticia, el mismo que están aplicando para cometer estas detenciones arbitrarias. El próximo 3 de marzo, agregaron, peritos independientes entregarán en dicho juzgado federal un nuevo peritaje, como parte del desahogo de pruebas.