¿Por qué cuesta tanto el Instituto Nacional Electoral (INE)? Este año, el nuevo organismo gastará en su plantilla laboral 7 mil 893.1 millones de pesos, lo que representa 30 por ciento más que en 2009 –con el Instituto Federal Electoral (IFE)–, otro año de elecciones intermedias. Según un informe de la contraloría interna, (la plantilla) deberá ser revisada, porque es el principal elemento de presión y gasto, y constituye el mayor obstáculo para reducir el presupuesto del instituto.

De cada 10 pesos que recibe el INE –sin considerar las prerrogativas de los partidos políticos–, seis son para sueldos. Su presupuesto es de 13 mil 216 millones de pesos y no está bien gastado, indica el informe anual de gestión de la contraloría.

Considera que prevalecen problemas ya detectados por el despacho Deloitte y la contraloría en cuanto a plantilla laboral: hay duplicidad de funciones, subvaluación y sobrevaluación de puestos, atomización del tabulador salarial y disparidad en cargas de trabajo, faltan catálogos de perfiles para la ocupación de puestos y hay importantes brechas entre presupuestación y ocupación del personal en proyectos, entre otros.

Obesa estructura ocupacional

También recomienda que, terminada la elección, se revisen las plazas de la institución, porque se acumulan las nuevas que se generan en cada proceso electoral.

‘‘En particular, resulta de la mayor importancia que, una vez concluido el (próximo) proceso electoral federal, el INE se dé a la tarea de resolver la grave problematicia operativa (creada en el antiguo IFE), que impide regresar la dimensión de su estructura ocupacional al volumen previo al inicio del proceso (…) ya que sistemáticamente se acumulan algunas de las plazas originalmente solicitadas como apoyo para la organización comicial, perpetuándolas en la estructura orgánica fija de la institución’’.

Reconoce como un acierto que el actual instituto hiciera un primer ajuste importante a su estructura organizativa en muchos años, al suprimir el Centro para el Desarrollo Democrático en 2015. Sin embargo, insiste en que deben analizarse a fondo las dimensiones de la estructura ocupacional del instituto (tanto de plaza presupuestal como de honorarios) y en particular la incapacidad ya no sólo de ajustarla, sino de detener su crecimiento anual y particularmente trianual, que han convertido esta problemática administrativa en el principal elemento de presión presupuestal del instituto. Calendarización y desempeño presupuestal son otros temas que requieren de rápida solución, plantea el informe.

Nuevamente en 2014, 86 por ciento de las adquisiciones que realizó el INE fueron efectuadas en los meses de octubre, noviembre y diciembre bajo un contexto de enorme presión de gasto previa a la culminación del ejercicio fiscal. Ante ello, se recomienda establecer medidas que garanticen el cumplimiento del calendario presupuestal por áreas, así como revisar normas y procedimientos que eviten el diferimiento de las adquisiciones hasta el último mes del año, lo que ‘‘inevitablemente propicia la mayor parte de las irregularidades administrativas que año con año detecta y sanciona este órgano de fiscalización’’.

Otro tema apremiante, según la contraloría interna, es que el instituto resuelva dos aspectos relacionados con su situación bancaria: es diferente la información presupuestal de los saldos bancarios disponibles y proliferan cuentas (…) en distintas instituciones financieras y estados.

Vicios administrativos

Al cierre de este ejercicio, explica, hay recursos disponibles por 272 millones de pesos y saldos bancarios por 950 millones. ‘‘Por tal motivo la contraloría considera fundamental llevar un análisis exhaustivo del origen de los recursos ubicados en cada una de las cuentas bancarias de la institución a fin de depurar saldos de acuerdo al ejercicio fiscal vigente’’.

Concluye que, en su nacimiento, el nuevo INE debe atender los problemas que no han sido atendidos, particularmente aquellas incidencias o irregularidades que año con año se presentaban (en el antiguo IFE) para evitar que se traduzcan en vicios administrativos más complejos de desterrar.