Houston.

El gobierno de Estados Unidos pidió este lunes al juez federal de Texas Andrew Hanen, quien la semana pasada bloqueó las medidas de alivio migratorio de la administración de Barack Obama, que suspenda su fallo y permita la aplicación de la orden ejecutiva mientras se resuelve la demanda que presentaron 27 estados por considerar que se trata de un intento ilegal de otorgar, de forma unilateral, amnistía a millones de inmigrantes indocumentados.

La apelación presentada, que consta de 41 páginas, está firmada por Jeh Johnson, titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), y altos funcionarios de la Patrulla Fronteriza, el Sistema de Servicios Migratorios y de Ciudadanía.

El documento solicita que Hanen suspenda temporalmente la decisión, de forma que el DHS pueda proteger con mayor eficiencia la seguridad nacional y pública, y la integridad de la frontera.

Las medidas de alivio migratorio para 5 millones de indocumentados, paralizadas por la sentencia de Hanen, constituyen parte integral de los esfuerzos del DHS por establecer y aplicar prioridades para la remoción de amenazas a la seguridad pública, apuntó el documento de la apelación.

La decisión judicial se conoció la víspera que el Servicio de Inmigración y Ciudadanía tenía previsto comenzar a recibir y procesar las demandas de regularización de inmigrantes del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, y de la nueva Acción Diferida para Padres de Estadunidenses. El Departamento de Seguridad Interna determinó que esos organismos no recibirían las demandas hasta que la situación legal quede definida.

El recurso le da hasta el miércoles a Hanen para que levante el bloqueo. Los expertos no esperan que lo haga, ya que es un juez muy conservador, que fue nombrado en 2002 por el entonces presidente republicano George W. Bush.

Si rechaza la moción, se espera que el Departamento de Justicia lleve su solicitud al Tribunal Federal de Apelaciones del quinto Distrito en Nueva Orleáns. Si dicha instancia falla a favor de la administración Obama, los decretos migratorios podrían entrar en vigor, pero si lo hace en contra, el caso podría llegar hasta la Suprema Corte.

El tema migratorio también encuentra otro frente de batalla en el debate en curso en el Congreso, dominado por los republicanos, para aprobar el presupuesto sobre seguridad nacional. Los republicanos supeditan la aprobación de los fondos del DHS a la eliminación de los decretos migratorios anunciados por Obama en noviembre.

En caso de que el Congreso no llegue a un acuerdo, el DHS se quedará sin fondos a finales de mes para seguir operando en lo que queda de año fiscal, que concluye el 1º de octubre. Los demócratas dicen que no aceptarán el proyecto de ley a menos que se eliminen las cláusulas vinculadas con la migración incluidas por los republicanos.

Johnson alertó que el DHS tiene presupuesto aprobado hasta el 27 de febrero, y que si el Congreso no aprueba un nuevo presupuesto esta semana los empleados tendrán que trabajar sin recibir salario.

En tanto, la Casa Blanca aseguró que Estados Unidos sufrirá un daño irreparable en su capacidad para proteger la seguridad nacional y la integridad de la frontera, a menos que se revierta el fallo del juez texano contra las acciones ejecutivas.