Desde hace más de tres años y medio, los hermanos Verónica y Érick Iván Razo Casales se encuentran en prisión sin sentencia definitiva en su contra, luego que fueron torturados por agentes policiacos para obligarlos a autoincriminarse de formar parte de una banda de secuestradores, denunciaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y familiares de los dos jóvenes.

Austreberta Casales, madre de los detenidos, explicó en entrevista con La Jornada que el 8 de junio de 2011 seis hombres vestidos de civil y con armas largas detuvieron con violencia a su hija a unas cuadras de su domicilio, en la colonia Doctores del Distrito Federal, la tiraron al suelo, la esposaron y la obligaron a subir a un vehículo sin placas oficiales.

Por las características de los sujetos que detuvieron a Verónica y del auto en que se la llevaron, la madre pensó que se trataba de un secuestro, pero dos días después su hija le llamó por teléfono para informarle que estaba en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al acudir a las instalaciones de dicho organismo, Casales supo que Verónica había sido víctima de tortura y violación sexual por parte de varios elementos de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación (AFI).

En ese mismo sitio encontró a su hijo Érick Iván, quien también fue detenido el 8 de junio y torturado con choques eléctricos y mediante asfixia, justo al lado del lugar donde se encontraba Verónica, para que cada uno escuchara cómo el otro era maltratado. Los dos recibieron amenazas en contra de su madre y otros familiares.

Después de mantenerlos en esta situación por más de 24 horas, ambos aceptaron firmar declaraciones autoinculpatorias que no pudieron leer. Con ellas, las autoridades los acusaron de secuestro y asociación delictuosa, los arraigaron dos meses y luego enviaron a Verónica al penal de Mexicali, Baja California, y a Érick Iván a Perote, Veracruz.

Sin embargo, asegura Austreberta, el proceso estuvo lleno de irregularidades, como el hecho de que la aprehensión fue reportada y firmada por una agente que no participó en ella, la fecha de la detención fue alterada para ubicarla dos días después de cuando realmente tuvo lugar y los policías que la llevaron a cabo no se presentaron a ratificar su denuncia ni a participar en los careos.

Además de lo anterior, la revisión médica pasó por alto el hecho de que ambos fueron torturados y ella fue víctima de una agresión sexual tumultuaria, que incluso le provocó una taquicardia cercana al infarto. Meses después, todavía fue posible encontrar evidencias de tortura y estrés postraumático, los cuales quedaron asentados en una valoración de la misma PGR.

Pese a todo lo anterior, los dos hermanos llevan tres años y ocho meses en prisión preventiva, sin haber recibido sentencia definitiva y sin que las autoridades judiciales admitan la solicitud de amparo ni incidente de desvanecimiento de pruebas que presentaron los familiares y la CMDPDH.

Este es un caso de fabricación de culpables y lo armaron para sacar dinero. Quiero que les den su libertad o que los sentencien, para entonces poder apelar, pero esto sigue estancado. Para mí es una situación tanto económica como moral que me está matando, subrayó Casales.