A cinco años del asesinato de los activistas Bety Cariño y Jyri Jaakkola, las acciones del gobierno mexicano para resolver el caso han sido lentas y limitadas, pues se han entrampado en una especie de juego de pinpón en el que las autoridades federales y estatales se adjudican mutuamente la responsabilidad de detener a los presuntos culpables.

Así lo afirmaron Satu Hassi, Franziska Keller y Heidi Hautala, diputadas del Grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo, quienes consideraron que la tardanza del Estado mexicano para detener a las 13 personas que ya tienen orden de aprehensión en su contra por este caso no es comprensible, lo mismo que la falta de protección a las testigos del homicidio.

Luego de haber visitado el país por sexta ocasión para discutir con las autoridades nacionales los avances en el caso, las legisladoras deploraron que éstos han sido limitados y ocurren muy lentamente, pues tres años después de que se emitieran las citadas órdenes de aprehensión, sólo tres de ellas se han cumplimentado.

Valoramos que estas personas (Rufino Juárez, Elías Cruz Merino y Faustino Vázquez) hayan sido detenidas, pero nos gustaría que los avances se produzcan más rápidamente, porque aún hay otras que siguen libres y prófugas y no queremos esperar cuatro décadas a que sean aprehendidas, señalaron las diputadas en entrevista con La Jornada.

Una humillación

De igual forma, dijeron, hay acciones limitadas en lo que se refiere a la protección de las dos testigos del asesinato, quienes en breve podrían solicitar asilo al gobierno de Finlandia, país de origen de Jaakkola. En caso de que esta petición fuera aceptada, indicaron, significaría una humillación para México, pues quedaría en evidencia en el extranjero que su gobierno fue incapaz de cuidar a ambas mujeres.

Hasta noviembre de 2014 había un compromiso claro para proteger a las testigos con medidas concretas, pero por alguna razón ahora parece que ya no hay acuerdo sobre quién lo tiene que hacer. Hay una especie de pinpón entre las autoridades estatales y federales y no es aceptable que las víctimas sufran y haya impunidad, recalcaron.

Si este caso ha sido así de lento, a pesar de la atención pública que ha recibido, nos preguntamos cómo será con las víctimas de casos que no la reciben, aseveraron las legisladoras, quienes anunciaron que volverán a México hasta que se resuelva el caso de Cariño y Jaakkola.