Durante el primer año de la actual administración federal, la comisión responsable de atender la violencia contra las mujeres no cumplió con los fines establecidos en la ley para este organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG), concluyó la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en su más reciente evaluación por desempeño del sector público.

Durante 2013, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) no emitió ninguna declaratoria de violencia de género, pese a que en entidades como Guanajuato los feminicidios se multiplicaron al pasar de 25 a 85 casos.

El órgano auditor advirtió que la Conavim no ha diseñado una política integral con perspectiva de género en beneficio de 60.6 millones de mexicanas, como establece el decreto por el que fue creada, no obstante que tuvo a su cargo una partida de 121.6 millones de pesos para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres.

Durante el periodo revisado, esa comisión tampoco generó información estadística sobre los casos de violencia contra el género, como base para integrar el Banco Nacional de Datos e Información sobre los Casos de Violencia contra las Mujeres y, en consecuencia, careció de información para valorar los avances del programa integral para prevenir, atender, sancionar y erradicar las agresiones.

Una de las principales funciones de la Conavim –para lo cual destina buena parte de su presupuesto– es el fortalecimiento de los centros de justicia para las mujeres. Esta comisión, precisa la ASF, no acreditó que hubiera verificado el funcionamiento idóneo de tales centros.

Tampoco generó un manual de organización, dentro de la estructura autorizada por la SG, para apoyar la correcta coordinación de los servidores públicos.

Hasta ahora, transcurrido el primer tercio del sexenio, nueve entidades han estado en análisis ante el aumento de feminicidios y de violencia en general contra las mujeres; las agregadas recientemente son Baja California y Colima.

En el comienzo de 2015 se analizaban los pormenores de ambas entidades, pero en ningún caso, de las nueve, se ha emitido una alerta de género. El año pasado, autoridades de la SG y del sistema nacional que evalúa los casos indicaron que la norma legal, de principio del sexenio, no permitía emitir diagnósticos precisos y, por el contrario, existía el riesgo de politizar tales resolutivos.

Por lo pronto, la semana pasada la ASF enlistó disposiciones jurídicas y normativas incumplidas por la Conavim, al menos durante el comienzo del sexenio.

La integración de leyes y acciones para atender el fenómeno de violencia contra féminas tiene más de 10 años. Una encuesta nacional de 2003 mostró que en México 38 de cada 100 mujeres de 15 años de edad y más sufrían de violencia emocional; 29, violencia económica; nueve, violencia física, y ocho, de índole sexual.

Ante el incremento del problema se reconoció la violencia de género como un tema de la agenda nacional. En 2004 se creó una comisión para atender el flagelo y en 2009 se le dio carácter de nacional a la citada comisión.

La encuesta de 2011 indicó que 27.3 por ciento de las mujeres en México había vivido algún episodio de maltrato o agresión por parte de su pareja.