La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) solicitó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) que los militares que participaron en el caso Tlatlaya y fueron heridos sean atendidos como víctimas del delito.

El personal del Ejército herido en ese intercambio de disparos es víctima y, por tanto, se le otorgará una indemnización próximamente conforme a la ley, dijo en entrevista Adrián Franco, comisionado encargado de coordinar los apoyos y las asistencias a las víctimas y sus familiares de los hechos ocurridos el pasado 30 de junio en Tlatlaya, estado de México, donde murieron 22 personas, algunas presuntamente ejecutadas extrajudicialmente por militares.

La semana pasada integrantes de la llamada Organización Humanista por el Progreso Social protestaron por las calles del Centro Histórico de la ciudad de México para exigir el debido proceso y respeto a los derechos humanos de los 25 soldados detenidos por ese caso.

La Procuraduría General de la República (PGR) acaba de negar información a la comisión especial de los diputados que indagan el caso Tlatlaya, argumentando que las investigaciones son de carácter no sólo confidencial, sino reservado.

La falta de transparencia institucional en torno al caso sorprende al comisionado Franco: “Estamos ante la posibilidad de hacer justicia y que la Sedena haga un reconocimiento de los delitos. Si hay personal del Ejército responsable de la ejecución a ‘mansalva’ de personas, como ocurrió en Tlatlaya, y eso queda acreditado, es una deshonra para el país, para el Ejército”.

Apoyo a elementos castrenses

En los hechos de Tlatlaya registrados el pasado 30 de junio, organizaciones civiles y testigos han señalado a los militares como responsables de ejecuciones sumarias, y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reclasificó el expediente como investigación por violaciones graves a los derechos humanos.

En el expediente de la comisión no están incluidos los militares que ahora han empezado a presentarse ante la CEAV como víctimas, según reconoce el comisionado Adrián Franco: Hemos recibido solicitudes para inscripción de víctimas de la CNDH, de la Sedena, de la PGR y del gobierno del estado de México. Hay tres víctimas directas sobrevivientes, esto derivado de la recomendación 51 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero existe una víctima directa que no está incluida en dicha recomendación: se trata de un soldado lesionado por arma de fuego. En total son 43 solicitudes: 22 víctimas directas y 21 indirectas.

–¿El militar solicitó ser considerado víctima?

–Nosotros ofrecimos a la Sedena que se acercarán los militares que resultaron heridos.

–¿Qué grado tiene?

–Es militar; no puedo dar mayores datos de su identidad ni de su grado dentro del Ejército. Se presentó a la CEAV y acreditó que había participado en estos hechos y resultó herido por arma de fuego.

–¿Cuantos balazos recibió?

–No lo puedo decir.

–¿Por qué?

–No sé si esto pueda hacerse publico.

–Este militar no está incluido en la recomendación de la CNDH. ¿Ustedes le enmiendan la plana a la comisión?

–No, es que el soldado es víctima por delito. En el caso de la recomendación es por violaciones a los derechos humanos.

–¿Cómo fue herido el militar?

–Los hechos de Tlatlaya están siendo sujetos a un procedimiento judicial de revisión, porque la misma CNDH ha determinado que hay personas que fallecieron en un intercambio de fuego entre el Ejército y las personas que se encontraban dentro de una bodega; otras más fallecieron en lo que se llama fuego cruzado, y el resto fueron ejecutadas.

–¿Cuántas fueron ejecutadas por el Ejército?

–Le toca ahora determinar al Poder Judicial estas circunstancias, quiénes fallecieron en el intercambio de fuego, quiénes en el fuego cruzado y quiénes fueron ejecutadas. Ya se sabe que hay algunos casos de personas que fueron ejecutadas extrajudicialmente.

–¿Qué pasará si el caso Tlatlaya queda como un crimen de Estado impune?

–Hay personal del Ejército que está siendo sujeto a un proceso penal por este caso, y a esos soldados se les determinará su participación y su responsabilidad en los hechos. Si hay personal militar responsable de ejecuciones extrajudiciales, deberá hacer frente a la ley.

–Históricamente el Ejército que ha participado en las recientes masacres ha gozado de impunidad. ¿Esto afecta para las aspiraciones de hacer justicia en el caso Tlatlaya?

–Como Estado tenemos una oportunidad importante para hacer las cosas bien, reconocer la responsabilidad y a partir de allí continuar. Eso evidencia madurez y genera credibilidad. Y eso fortalece al Estado, la sociedad y a México.

Es un caso que puede permitir a México apoyarse y salir, a partir de él, más fuerte, más justo y responsable.

–¿Qué esperan del titular de la Sedena, el general Salvador Cienfuegos?

–Que se ponga a disposición de autoridades civiles al personal que participó en esos hechos, para que conforme a las leyes penales sea enjuiciado, y que la sentencia que se determine por parte del juez sea atacada no sólo por las personas, sino también por el Ejército.”

–¿La CEAV está en condiciones de decir si se trata de un crimen de Estado?

–La CEAV no tiene capacidad ni facultades para determinar si se trata de un crimen de Estado; lo que sí puedo decir es que estos hechos han sido señalados como violaciones graves a los derechos humanos, y es algo que va a marcar al Estado mexicano y a la sociedad. No podemos como Estado aceptar que haya casos como el de Tlatlaya, donde elementos del Ejército asesinen a personas, más allá de un proceso judicial. Las ejecuciones extrajudiciales no se pueden permitir en un estado de derecho. Existen, pero no deberían existir.

–¿Cómo definiría los crímenes de Tlatlaya?

–Son hechos indignantes.

Impunidad militar

Organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustin Pro han criticado la forma institucional de llevar a cabo la investigación en el caso Tlatlaya, particularmente porque el Estado permitió a la Sedena abrir su propia investigación, lo cual significa impunidad, con base en experiencias anteriores de delitos cometidos por militares.

Nos preocupa que la PGR haya abierto una investigación y al mismo tiempo la Sedena también, porque esto se aparta de los estándares internacionales en materia de violaciones de derechos humanos cometidos por militares. Cuando militares violan derechos humanos deben ser sometidos a la jurisdicción civil ordinaria únicamente, dice en entrevista el abogado del Centro Pro, Luis Eliud Tapia Olivares.

Define los hechos de Tlatlaya como ejecuciones extrajudiciales, por tanto la gravedad del caso es ahora investigada por la justicia militar, misma que, dice, generalmente protege a los soldados involucrados: No conocemos cuál es el sistema de nombramiento de este juez militar, no conocemos la parcialidad con la que se conduce, y justamente por esto organismos internacionales como la ONU han expresado su preocupación frente a la labor de la jurisdicción militar.

Uno de los aspectos que critica de la justicia militar es que, cuando hay delitos cometidos por elementos castrenses, la responsabilidad recae en la tropa y no en los mandos superiores: Siempre pasa lo mismo, la responsabilidad se le imputa a integrantes del Ejército de bajo rango y nunca se investigan cadenas efectivas de mando. La obligación es buscar responsables hacia arriba. Queremos que no se proteja a militares de alto rango que participaron en Tlatlaya.

Sobre el nuevo fenómeno donde están apareciendo víctimas militares, apunta: Si hay soldados denunciando que son víctimas, tendrá que investigar el Estado si se están fabricando culpables, lo que se está haciendo en México regularmente con cualquier civil. Si ellos dicen que son víctimas, entonces, ¿quienes son los verdaderos responsables de la comisión de estos graves delitos.

Ante la posibilidad de que el caso Tlatlaya quede en la impunidad, Tapia Olivares advierte: Sería un precedente de lo más grave. México está en un examen ante los ojos del mundo.