La Procuraduría General de la República (PGR) solicitó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) que rastree todas las cuentas del ex gobernador de Guerrero Ángel Heladio Aguirre, con el propósito de analizar la procedencia de depósitos en efectivo desde hace años, ya que desde su gestión como legislador se presume que recibió cantidades que no fueron declaradas al fisco y que podrían estar relacionadas con desvíos de recursos públicos federales, señalaron mandos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido).

La solicitud del Ministerio Público Federal contra el ex mandatario guerrerense se realiza luego que la UIF solicitara a la PGR que ejercitara acción penal contra dos hermanos, un sobrino y una cuñada de Ángel Heladio Aguirre Rivero, así como ex colaboradores y familiares de éstos por ser presuntos responsables del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Los datos obtenidos inicialmente por el organismo señalan que Aguirre Rivero –quien gobernó Guerrero de marzo de 2011 a octubre del año pasado– realizó diversas transferencias a la cuenta de Bancomer número 0141164708, en la cual señaló que su actividad era la de empleado de la Cámara de Diputados, diputado y candidato electo al gobierno de Guerrero.

En sus operaciones se detectó que de diciembre de 2010 a febrero de 2011 recibió depósitos por 2 millones 72 mil 454 pesos y realizó retiros por un millón 645 mil.

La UIF señala que en otras cuentas, en el lapso del 23 de noviembre de 2010 al 26 de enero de 2011, se efectuaron depósitos por un millón 517 mil 453 pesos por parte de Comercializadora 2003, y lo resalta porque es una de las empresas involucradas en presuntas operaciones de lavado de dinero relacionadas con los familiares de Aguirre.

Respecto de las operaciones en efectivo, la SHCP detectó que en el periodo de 2002 a 2009, el ex mandatario recibió depósitos por 5 millones 19 mil 7775 pesos y retiró 350 mil pesos en operaciones realizadas en el Distrito Federal y las ciudades de Acapulco, Iguala y Chilpancingo. Por esos movimientos el ex funcionario y militante perredista pagó 53 mil 439 pesos de impuesto a los depósitos en efectivo y mil 69 pesos más de otros tributos.

Presunto desvío de recursos

Las autoridades ministeriales consideran que el ex gobernador pudo haber recibido dinero en efectivo procedente de desvíos de recursos federales destinados a la realización de obras públicas –operaciones realizadas través de Comercializadora 2003 y Constructora Trabesa– y por esa razón se extenderá la indagatoria.