l recorte al presupuesto público por 124 mil millones de pesos, anunciado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a finales de enero de 2015 muestra, de nueva cuenta, la crisis no sólo de las finanzas públicas, sino de toda la política económica y del modelo de crecimiento insustentable aplicados durante un cuarto de siglo

Recordemos que situaciones similares se han venido repitiendo una y otra vez a lo largo de las dos últimas décadas: La crisis de la deuda y el llamado efecto Tequila en 1991, cuando esta alcanzó el 43% del PIB; el famoso error de diciembre en 1994, el desfalco de las finanzas públicas y el surgimiento del rescate a la banca privada y carreteras mejor conocido como Fobaproa; y también el famoso boquete y el catarrito de 2007/2008 (entonces la cifra fue de 300 mil millones del déficit presupuestario). Tales eventos nos ilustran de modo fehaciente la crisis del modelo de crecimiento, la vulnerabilidad y elevada dependencia hacia los recursos del petróleo (un recurso no renovable), así como la pérdida de expectativas de ingresos provenientes de la mal llamada renta petrolera.

En el contexto de la actual crisis están no sólo la privatización energética y la volatilidad de la economía internacional, sino también las quimeras e ilusiones de un desarrollo pegado con alfileres, la elevada deuda pública interna y externa que hoy alcanza límites históricos, hipotecando ya el 40% del PIB, junto a la sobrexplotación de los recursos naturales y los ecosistemas, que nos recuerda una economía neoextractivista. Es decir, se trata de una crisis que se ramifica en varias vertientes y causas, con consecuencias negativas en el orden socioeconómico, ecológico y político, donde las recientes reformas estructurales no apuntan a superarla.

De nueva cuenta, hoy repetimos errores del pasado reciente. Se mantiene la constante de vivir en el despilfarro con un bienestar más aparente que real, como si los recursos fueran infinitos e inagotables. Gastamos y consumimos de manera irresponsable, mucho más de lo que una producción y crecimiento sustentables pueden cubrir y más allá de lo que la tierra y el trabajo aplicado pueden proveer en recursos, materiales y energía.

Peor aún, el crecimiento de las tres décadas pasadas no ha superado situaciones de pobreza e inseguridad para la mayoría de la población, tal como se señala en el reciente reporte del Observatorio Macroeconómico de México, publicado por la UAM. En las pasadas cuatro décadas el crecimiento económico no ha mejorado la situación de pobreza y desigualdad y de concentración de la riqueza en pocas manos: “(…) hay una diferencia casi de 27 veces entre el ingreso promedio del decil más alto y el del más bajo; que supera fuertemente la diferencia promedio de 10 a 1 de países miembros de la OCDE (OCDE, 2014). A la vez, el 1% más rico de México tiene un ingreso promedio anual que es 47 veces mayor al del 10% más pobre (Del Castillo Negrete Rovira, 2012)”. Por ende el 1% de la población que se apropia de más del 20% del ingreso nacional, tiene muy poco interés en la aplicación de una política económica redistributiva y en reformas fiscales progresivas y proporcionales orientadas a gravar los males, más que los bienes.

Continuamos creciendo poco y de modo insustentable

Infortunadamente los pronósticos y nuevos deseos para lograr un desarrollo equitativo y sostenible están siendo rebasados ya que la tozuda realidad del proceso económico en general continúa siendo francamente insustentable. En un estudio realizado el año 2009 confirma el hecho que cuatro de nueve de las fronteras o umbrales ambientales de la tierra ya habían sido rebasados cinco años después, como resultado de las actividades antropogénicas o humanas.

Las cuatro fronteras de capital natural crítico clara y peligrosamente rebasadas son: Cambio climático (CC); pérdida de la integridad de la biosfera; cambio de uso de suelo (deforestación) y alteración de los ciclos biogeoquímicos (fósforo y nitrógeno).

Es decir, lo que hemos venido apuntando desde hace más de una década sobre el aumento del deterioro, desgaste y contaminación de la naturaleza y el medio ambiente en nuestro país continúa ocurriendo, inclusive sin que haya mejoría en los indicadores macroeconómicos pues producimos, consumimos y vivimos con los ritmos, formas y modelos de crecimiento imperantes en la actualidad.

Ello requiere que los tomadores de decisiones reconozcan y enfrenten de modo efectivo los riesgos ambientales, respondiendo tanto a nivel local como global y ajustando las pretensiones de crecimiento y consumo a las disponibilidades reales y a la capacidad de carga de los ecosistemas terrestres y acuáticos. Poco o nada de esto parece estar en las preocupaciones de los gobernantes mexicanos.

El crecimiento ilusorio (Segunda parte)

Al final del día el dilema debe ser resuelto: continuar con el crecimiento a costa del deterioro de la naturaleza o preocuparnos por el futuro y la calidad de vida. Al haberse violentado el equilibrio entre el bienestar de la gente y las necesidades de sobrevivencia de los ecosistemas, nuestra generación tiene la responsabilidad de decidir, pero estamos decidiendo de manera incorrecta optando por el pseudocrecimiento o el bienestar para los menos y ocasionando el malestar de los ecosistemas; es decir, hipotecando el futuro del ser humano y dependiendo de activos extranjeros (préstamos de capital).

Infortunadamente el crecimiento ilusorio sí va acompañado de pérdidas reales en términos de externalidades negativas y del producto interno neto ecológico (PINE), que mide degradación y agotamiento del acervo físico de capital natural y que debe ser restado del PIB al no agregar un ápice en calidad de vida.

El crecimiento del PIB no necesariamente implica mejoría en bienestar y calidad de vida. Sólo para ejemplificar lo anterior y siguiendo la metodología e indicadores recomendados por el Instituto para el Progreso Real y Genuino, con sede en San Francisco, California, tomamos solamente cuatro variables e indicadores de 26 posibles: 1) Gastos en combate a la corrupción (contralorías, fiscalización, multas, etc.); 2) Gastos en el combate al narcotráfico y el crimen organizado ; 3) Pérdidas anuales por contaminación, degradación y agotamiento de recursos no renovables y de los agotables como agua, pesca, bosques y biodiversidad; y 4) Pérdidas en horas/hombre/año por transportación urbana y periurbana. El resultado es sorprendente, ya que el PIB nacional se reduce al menos un 25%, es decir, se trata de elementos que no abonan nada a la calidad de vida y que, sin embargo, son contabilizados como bienes, cuando en realidad deben restarse de la sumatoria crematística del producto agregado bruto y de las cuentas nacionales.

El crecimiento económico y el desarrollo capitalista nos conducen cada vez más del gozo al pozo, de una situación de búsqueda y expectativas de disfrute y bienestar, a otra de mayor frustración, desencanto, anomia y violencia social. Ello sin considerar los agravios y deterioros contra y del planeta.

De acuerdo con la ONU, los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza y por un desarrollo económico sustentable en el largo plazo están en peligro debido a la degradación continua de suelos, la escasez de agua, la sobreexplotación de pesquerías y recursos marinos, la pérdida de cobertura vegetal, además de la infición atmosférica por emisión de gases contaminantes en las ciudades medias y grandes.

Por ejemplo, cada año mueren cinco millones de personas por enfermedades derivadas de la mala calidad del agua y del aire. Sólo en la ciudad de México y su área metropolitana se dan más de 35 mil casos de mortalidad prematura asociada con la exposición a partículas suspendidas, polvo, ozono y sulfatos. Además, en nuestro país se informa que más del 65% del territorio está altamente vulnerado por la erosión y desertificación, y más del 90% de nuestros cuerpos de agua padecen diversos grados de contaminación.

¿Qué hacer, cómo crecer?

La realidad ha demostrado de modo fehaciente que todos los gobiernos de décadas pasadas, tanto los conservadores de Fox y de Calderón, como el de centro-derecha de Peña Nieto, sin mencionar a los de Salinas y Zedillo, no tuvieron ni tienen hoy capacidad ni voluntad para cambiar el modelo de crecimiento y enderezar el rumbo por una senda de sustentabilidad con equidad social y respeto al medio ambiente en el largo plazo.

Las consejas para enfrentar la actual crisis sistémica y de valores nos recomienda reducir la producción, el consumo insustentables, el gasto corriente y las inversiones improductivas (en la construcción, de bienes raíces y de lujo), redistribuir el ingreso, y bajar los altos índices de contaminación y desgaste de recursos no renovables, a través de la disminución de la ingesta de materiales y energía por unidad de producto.

Entre otras medidas urgentes se debe cancelar o postergar obras como el aeropuerto capitalino, el proyecto Monterrey VI (acueducto para el trasvase de agua en un tramo de 400 kilómetros desde el río Pánuco), al ser obras faraónicas que, además de estimular consumos no básicos, representarían una cascada de subsidios y de contratación de nueva deuda.

El Estado es muy bueno para gastar pero malo en recaudar y ahorrar. El 75% del gasto público va al gasto corriente; es decir, al pago de funcionarios, burócratas y empleados del gobierno. Recordemos que con Fox y Calderón éste se disparó e incrementó en 5% sobre el PIB. Situación que no ha sido corregida por la actual burocracia política y continuamos gastando y financiando campañas y promesas políticas a discreción y de modo irresponsable.

En suma, seguimos creciendo poco y mal. El país continúa entrampado en las tres grandes deudas nacionales históricas: la deuda económico-financiera, la deuda ecológica y la deuda social.

La reducción del presupuesto en cerca del 1.0% del PIB es un aviso oportuno, aunque tardío, de que hemos sobrepasado con mucho el nivel razonable de ingreso-gasto, así como las capacidades de carga del sistema económico, sobrecalentándolo hasta el despilfarro y agotamiento.

El ajuste es un reconocimiento implícito del fracaso de un modelo económico y políticas económicas pegadas con alfileres. Es la aceptación involuntaria de que en las dos décadas pasadas hemos crecido bajo esquemas de una economía ineficiente, rentista y neoextractivista, utilizando de manera discrecional y arbitraria recursos escasos y comunes como es el caso del petróleo y la minería, muy al estilo y las necesidades de empoderamiento de la clase y el régimen político dominantes.