Acultzingo, Ver.

Custodiado por 10 policías federales armados, el alcalde Salomón Cid Villa llega de forma esporádica a sus oficinas –que abandonó hace cuatro meses por amenazas del crimen organizado– para buscar solución a algunos problemas que afectan a 70 por ciento de unos 20 mil habitantes. Dos patrullas resguardan la alcaldía.

Tenemos tres meses sin agua. Las pipas del ayuntamiento cuestan cien pesos, pero no pasan. Las particulares nos cobran 450 pesos y no tenemos dinero para pagarlas. Necesitamos el agua para beber, bañarnos, limpiar la casa, reclaman tres mujeres de la localidad de El Potrero, a una secretaria del ayuntamiento.

Las quejosas se cruzan con Cid Villa en los pasillos. Intentan hablar con él. Las miradas amenazantes de los escoltas surten efecto: se retiran. Para entrar a la alcaldía, los pobladores deben presentar identificación oficial, firmar registro y pasar una meticulosa revisión de sus pertenencias. Si ingresan, deben manifestar sus peticiones ante los escoltas.

Las demandas son apremiantes. Datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) indican que 45 por ciento de los 20 mil habitantes viven en condición de pobreza moderada y 25 por ciento en pobreza extrema. El promedio de escolaridad de los habitantes de Veracruz es de 7.7 años, pero en Acultzingo apenas llega a 6.3.

Sobre las amenazas que lo obligaron al exilio voluntario, Cid Villa argumenta: La vida ya no es igual. Se pone en juego lo más sagrado: la familia. Hay temor, pero la decisión (de regresar) que se tomó fue la más certera: no doblar la cabeza. En septiembre, un mes antes de dejar Acultzingo, autoridades federales desmantelaron un campo de adiestramiento del cártel de Los Zetas. En la acción fueron detenidos 33 presuntos reclutas de sicarios y quedaron abatidos tres custodios.

Meses después, Cándido Morales Andrade, el anterior edil fue secuestrado; al poco tiempo apareció su cuerpo en un río. Los crímenes no cesaron. En 2014 fueron asesinados 25 funcionarios públicos. Los secuestros y extorsiones son recurrentes.

Cid Villa asegura que de los 212 ediles no todos le entramos de frente al tema (de la delincuencia). Esa es la satisfacción que me queda: el pueblo sabe que se tomó la medida que era en beneficio de todos. Recuerda que cuando se negó a ser víctima de extorsión, un agente del Ministerio Público de la Federación, actualmente preso, lo acosó en octubre de 2014.

Él grabó el intento de extorsión y con la cinta interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de la República (PGR). Tras las indagatorias fue detenido Óscar Tadeo, entonces adscrito a San Andrés Tuxtla. Poco después intentaron secuestrarlo cuando realizaba unos trámites en Orizaba, ciudad ubicada a 40 kilómetros de su pueblo. Logró escapar.

Estrategia de seguridad

Después nadie supo de su paradero. Cid omite hablar de su ubicación. No salí huyendo. Salí por apoyo, gestioné y me puse de acuerdo con autoridades estatales y federales para realizar lo que ya es un hecho: establecer una estrategia de seguridad en el municipio.

El alcalde tiene un mes que volvió al palacio municipal en medio de un dispositivo de seguridad y después de la desaparición de la policía municipal y la instalación del mando único integrado por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, de inteligencia y de la Marina y el Ejército mexicano.

Para garantizar su integridad tiene una guardia de 10 policías federales las 24 horas del día; cinco forman un cinturón de seguridad y otros cinco están alejados sólo unos cuantos pasos del alcalde. Cid refiere que tuvo que renunciar a la convivencia diaria con su familia. Sólo él sabe dónde se encuentran. Se comunica con ella por teléfono. Acepta: Todos tenemos miedo, pero la decisión que tomé fue la correcta. Estamos en pie de lucha.

Cuando Cid Villa llegó al ayuntamiento en enero de 2014, lo primero que planteó fue generar empleos y crear infraestructura educativa de nivel superior. Pero los hechos violentos echaron por tierra las pláticas con una universidad del estado de Puebla para tomar en préstamo las instalaciones de un telebachillerato donde se ofrecerían licenciaturas a una matrícula inicial de 500 estudiantes.

Para generar unos 250 empleos había acordado con una empresa instalar una planta recicladora en la comunidad El Mezquite. También pensaba establecer una central abarrotera en el auditorio municipal, que se iba a entregar en comodato a los empresarios. Del proyecto derivaría la creación de entre 100 o 150 empleos, pero todo quedó a la deriva.

La violencia vino a retrasar todo esto. Pero ahora vamos a retomar los proyectos. Estoy empezando de nuevo, porque los empresarios quieren garantías de que hay seguridad, dice.