La Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la iniciativa del jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, que crea la Ley para prevenir, eliminar y sancionar la desaparición forzada y la desaparición por particulares en la ciudad de México, que contempla una pena máxima de 40 años de cárcel y multa hasta de 100 mil 935 unidades de cuenta (7 millones 60 mil 403 pesos) y confiere al delito carácter de imprescriptible.

Además de las hipótesis de desaparición cometidas por servidores públicos y de particulares que lo perpetren coludidos con funcionarios, la ley establece el delito de desaparición por particulares, cuando una o más personas, sin ser servidores públicos y sin actuar por orden, autorización, aquiescencia o apoyo de uno o más servidores públicos, priven de cualquier forma la libertad de la o las personas, o bien autorice, apoye, consienta o tolere que otros lo hagan, seguida de la falta de información o la negativa a reconocer la existencia de tal privación con la finalidad de ocultar o no proporcionar información sobre el paradero o localización de la víctima.

Esto, explicó el presidente de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, Antonio Padierna Luna, al presentar al pleno el dictamen, atendiendo una de las recomendación que la ONU dirigió al gobierno mexicano.

El dictamen se aprobó con 36 votos a favor y la abstención de tres legisladores del PRI, que sostuvieron que la ALDF carece de facultades para legislar en esa materia.

Padierna aludió de entrada al caso de Héctor Rangel Ortiz, desaparecido el 10 de noviembre del año 2009 en la ciudad de Monclova, Coahuila. “Hoy la PGR informa a sus familiares –familiares míos, incluso– que no hay recursos para seguir yendo al lugar y continuar buscándolo”.

Citó que en el sexenio pasado se reconocieron más de 26 mil víctimas de desaparición forzada en el país y en los primeros dos años del actual suman más de 7 mil, pero fue la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el detonante que levantó a la sociedad en contra de la inseguridad, de la injusticia, de la complicidad y de la impunidad que impera en nuestro país.

El presidente de la Comisión de Gobierno, Manuel Granados Covarrubias, fijó un posicionamiento en el que sostuvo que esta ley pone nuevamente a la ciudad a la vanguardia en la protección de los derechos humanos; en tanto la diputada Ariadna Montiel Reyes resaltó que se garantiza que las denuncias sean investigadas de manera inmediata, de forma exhaustiva y sean debidamente sancionados los responsables.