El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) instruyó a la Procuraduría General de la República (PGR) entregar una versión pública de la averiguación previa relacionada con la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, así como de los alumnos muertos.

En un recurso de revisión, los comisionados del instituto resolvieron por unanimidad revocar la negativa que había dado la PGR para entregar dicha solicitud, con el argumento de que se trataba de una averiguación previa en trámite por delitos de secuestro, delincuencia organizada y homicidio, en el que están consignados diversos servidores públicos sujetos a proceso penal.

Sin embargo, la comisionada ponente, Areli Cano, aseguró que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de la averiguación de violaciones graves a derechos fundamentales o delitos de lesa humanidad.

Incluso, citó que ya existen resoluciones de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que reconocen que el Ifai tiene facultades para pronunciarse sobre el particular y determinó que no es necesario que otra autoridad declare previamente si hubo violación grave a derechos humanos o delitos de lesa humanidad.

Además, los hechos de Ayotzinapa tienen tal gravedad que mantener la averiguación previa en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en conocer todas las diligencias que se estén llevando a cabo para investigación, detención, juicio y sanción de los responsables.

La resolución del Ifai señala que en la versión pública que debe ser entregada al particular sean protegidos los datos personales de los presuntos responsables, las víctimas, sus familiares, testigos o terceros relacionados con la indagatoria, así como los nombres de los agentes del Ministerio Público y servidores públicos con funciones operativas. Sin embargo, no podrá protegerse los nombres de aquellos funcionarios que presuntamente participaron en los hechos y que ya son públicos, además de que ya se han puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional.

En la sesión, el comisionado Joel Salas recordó que en su reunión con los familiares de los estudiantes desaparecidos, el presidente Enrique Peña se comprometió a formar una comisión mixta de seguimiento e información integrada por personal a cargo de la investigación dentro de la PGR y la Secretaría de Gobernación, a fin de crear mecanismos ágiles para proporcionar toda la información necesaria a padres de familia, estudiantes, abogados y representantes de organizaciones civiles.

El comisionado Salas insistió en que toda autoridad involucrada en el caso de Ayotzinapa debe cumplir con el principio de máxima publicidad, divulgando la información generada. La información de este caso pertenece a la sociedad mexicana, que tiene derecho a pedir cuentas de la investigación y sus resultados, dijo.

Por su parte, el comisionado Óscar Guerra dijo que el acceso a la información debe ser visto como un derecho humano, y que con esta resolución el Ifai no pretende invadir ninguna otra competencia de instituciones, también autónomas, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.