San Luis de la Paz, Gto.

El ayuntamiento de San Luis de la Paz acordó mantener los sueldos al director de Seguridad Pública, Gerardo Rodríguez Trejo, y a la coordinadora de oficiales calificadores, Magdalena González Otero, pese a que ellos renunciaron la semana pasada, tras revelarse los tratos denigrantes a que sometían a infractores, quienes eran encadenados en la cárcel municipal.

El alcalde interino, el priísta Saúl Lino Martínez, informó el viernes pasado que Rodríguez Trejo y Magdalena González renunciaron para no interferir en la investigación de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHG).

Durante cuatro horas, en una sesión de cabildo en la que se impidió el acceso a medios de comunicación, se trató el tema de la llamada cárcel medieval. Los síndicos y regidores hicieron un pacto de silencio para no ventilar los detalles de la sesión.

Trascendió que el presidente de la Comisión de Seguridad, el regidor de Nueva Alianza León Ledesma Jaramillo, aseguró que todo se trata de un montaje para desprestigiar a Gerardo Rodríguez. El funcionario suspendido recibirá su sueldo de 16 mil 600 pesos sin trabajar.

En días pasados, el titular de Seguridad aceptó que los detenidos eran encadenados, pero justificó la violación a los derechos humanos con el argumento de que era para evitar suicidios.

El acuerdo del ayuntamiento fue en el sentido de que tanto el director de Seguridad como Magdalena González sean suspendidos de los cargos, mientras se realiza la investigación sobre estas fotografías (de personas encadenadas), reveló el secretario del ayuntamiento, Rafael Arellano Páramo.

Agregó que se aprobó instruir a la Contraloría y activar al Consejo de Honor y Justicia para indagar las presuntas violaciones a los derechos de los detenidos, por faltas administrativas.

La subprocuradora de los Derechos Humanos de la región D, Margarita López Maciel, informó que localizaron a dos de los ciudadanos que aparecen en las fotografías; uno de ellos ratificó su queja. Hicimos una inspección (en los separos), estamos recabando las pruebas, identificando a los agraviados y solicitando los informes, explicó.

En 2014, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato integró 13 expedientes de queja contra el presidente municipal con licencia, Timoteo Villa, Rodríguez Trejo, policías y oficiales calificadores, a quienes se acusa de lesiones, arrestos arbitrarios y violación, entre otros delitos.