Diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) afirmaron que el presupuesto adicional a la Procuraduría Social (Prosoc) para el programa Procura, proveniente de los llamados recursos etiquetados o fondos de libre asignación, violó un acuerdo de la Comisión de Gobierno para impedir que dichos recursos se destinen a gasto corriente.

Al margen de la investigación que las autoridades fiscalizadoras deban realizar sobre los señalamientos de apoyos otorgados a integrantes del grupo político de la diputada Dione Anguiano y el titular de la Prosoc, Alfredo Hernández (el Movimiento de Equidad Social de Izquierda), los legisladores Alejandro Ojeda y Ernestina Godoy coincidieron, en entrevistas por separado, en que dicha asignación no debió aceptarse.

“No vemos mal que los diputados etiqueten recursos, siempre y cuando sea a programas ya establecidos y se haga en forma transparente, y se sepa quién etiqueta a qué entidad ejecutora de gasto, para no caer en estos abusos o los llamados moches”, señaló Ojeda, integrante de la Comisión de Gobierno.

Godoy, presidenta de la Comisión de Desarrollo Social, recordó que se establecieron criterios para asignar los recursos luego de que en el primer año de la legislatura se dieron ocurrencias como crear programas inexistentes, destinar presupuesto a la Consejería Jurídica para banquetas y guarniciones en una vialidad de Xochimilco o la entrega directa de recursos a organizaciones de la sociedad civil.

Uno de los criterios para regular dichas asignaciones, además de destinarlo a programas ya establecidos, fue que no se utilizara en gasto corriente; por esto no estuvo bien que se asignara a Prosoc para pagar sueldos de promotores, que además la mayoría estuvo trabajando en Iztapalapa. No se debió haber aceptado.

Ambos legisladores advirtieron que este año, fuera de hacer más transparente la asignación de estos recursos, se desconoce, en el caso de la Prosoc, en qué ejercerá los 26 millones 400 mil pesos adicionales aprobados en el Presupuesto de Egresos.