Cancún, QR.

Más de 37 mil niños y jóvenes de Quintana Roo, de un total de casi 368 mil, de entre cinco y 17 años, trabajan en actividades que van desde la venta de chicles hasta obras de construcción, transporte y limpiaparabrisas, entre otras; de ellos, 28 mil se emplean en un esquema familiar, informó Enoel Pérez Cortés, delegado de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) en el estado.

Explicó que la mayoría de los menores que laboran en zonas urbanas provienen de Chiapas y Oaxaca y llegan a Quintana Roo con sus padres a regiones donde se construyen inmuebles, pero al concluir las obras los adultos se quedan sin trabajo y por eso ponen a sus hijos a laborar en las calles.

Recordó que hace unos días se emitió la convocatoria México sin trabajo infantil agrícola, y señaló que este problema es mínimo en Quintana Roo.

Los padres llevan al campo a los niños con el objetivo de que aprendan un oficio, lo que no está mal. siempre y cuando respeten sus horarios escolares y de recreación, dijo.

El funcionario lamentó que en la mayoría de casos los menores digan que sólo acompañan a sus familiares cuando en realidad también trabajan, y no podemos hacer nada: los preparan para responder y no podemos asegurarlos.

Refirió que la precaria situación económica de los padres de los menores trabajadores implica frecuentes cambios de residencia en las entidades aledañas a Quintana Roo, lo que hace difícil elaborar estadísticas precisas. Sin embargo, se está trabajando en un estudio que podrá arrojar resultados para finales de marzo.

Van en aumento las lesiones autoinfligidas entre estudiantes

Asociaciones civiles dieron a conocer que las largas jornadas laborales de los padres causan estragos entre los adolescentes del estado y que prácticas como las cortaduras autoinfligidas han aumentado de manera alarmante entre la comunidad estudiantil, al igual que el consumo de drogas y alcohol.

En talleres, autoridades escolares han detectado que cada vez más estudiantes de secundaria sufren angustia, depresión, adicciones, violencia intrafamiliar o embarazos tempranos.

Diana Ortiz Martínez, directora de la asociación civil Toma el control, acompañada de un equipo de sicólogos, destacó la necesidad de aplicar políticas públicas en el estado o legislar para que sea obligatorio impartir talleres que eviten las lesiones autoinfligidas que, aseguró, se están volviendo más comunes que el acoso escolar.