Puebla, Pue.

En el sexenio de Rafael Moreno Valle Rosas más de 100 personas han sido encarceladas por oponerse a sus proyectos; decenas han resultado heridos y un adolescente de 13 años murió como resultado de la represión policiaca a protestas en los poblados de San Miguel Canoa y San Bernardino Chalchihuapan.

Diversas organizaciones sociales señalan que la administración del panista se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos humanos y por la criminalización de las manifestaciones.

Al menos 10 de los detenidos continúan presos y enfrentan procesos que, según sus abogados, están plagados de anomalías.

El 9 de julio del año pasado la policía arremetió contra pobladores de la junta auxiliar de San Bernardino Chalchihuapan, lo que dejó más de 100 heridos y la muerte de José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo, de 13 años, herido por un proyectil de la policía estatal.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dijo que se trató de un caso grave de violaciones a las garantías universales, por lo que emitió al gobierno estatal una recomendación de 11 puntos que no ha cumplido.

Moreno Valle –quien llegó a la gubernatura en 2011, postulado por una coalición formada por los partidos de la Revolución Democrática, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza– controla el Congreso local, pues muchos de los legisladores del Partido Revolucionario Institucional y de otras fuerzas políticas, como los partidos estatales Compromiso por Puebla y Social de Integración, son sus aliados o han sido sus subalternos.

Así, a iniciativa del mandatario o de sus diputados afines se han promulgado normas que violan los derechos constitucionales, como la Ley de Expropiación, la cual faculta a las autoridades a tomar posesión inmediata de inmuebles y predios que interfieran en proyectos de infraestructura pública o en la explotación de recursos naturales, y pospone en casos de urgencia el derecho de audiencia de los afectados hasta después de emitido el decreto de enajenación.

El año pasado se presentó la llamada ley bala que generó críticas en México y el extranjero debido a que permitía a los policías el uso de armas de fuego contra manifestantes. Debido a los señalamientos públicos, fue derogada.

El año pasado el gobierno estatal detuvo a varios opositores a la construcción del gasoducto del Proyecto Integral Morelos, entre ellos Enedina Rosas Vélez y Juan Carlos Flores Solís, a quienes se acusó de robo de teléfonos celulares, por lo que permanecieron varios meses en la cárcel.

Adicionalmente, organizaciones civiles han señalado la presunta existencia de un grupo paramilitar vinculado a la Secretaría de Seguridad Pública, la cual dirige Facundo Rosas Rosas, como responsable de diversos abusos.