l presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el duranguense Jorge Herrera, se manifestó ayer contra quienes llaman a obstaculizar las elecciones previstas para junio próximo. Exhortó a los partidos políticos a refrendar la confianza en las instituciones e hizo votos por que los comicios se realicen con normalidad y tranquilidad. El mensaje tiene por destinatario claro a las organizaciones que, en el marco de la lucha por el esclarecimiento de los asesinatos y desapariciones de estudiantes normalistas en Iguala en septiembre del año pasado, han exhortado a impedir el proceso electoral en puertas, al que consideran un mero ejercicio de distracción y de legitimación del régimen.
Desde luego, los sectores aglutinados en torno a los padres de los muchachos ejecutados y desaparecidos y a sus compañeros no son los únicos que repudian el formalismo democrático. Otros, sin llegar hasta el llamado al boicot, se manifiestan por ejercer la abstención o el voto nulo como medidas de castigo social para una clase política que ciertamente no está a la altura de los problemas del país, no ha conseguido legitimar su sitio en el modelo representativo ni ha sido capaz de convencer a la población de la eficacia de tal modelo.
Antes de descalificar a quienes rechazan una elección más, sin horizontes concretos ni soluciones a la vista, sería pertinente comprender las motivaciones de esa postura. En este punto debe reconocerse que tanto los comicios presidenciales de 2006 como los de 2012 dejaron un vasto sentimiento de frustración en los ciudadanos y provocaron una severa erosión en los organismos electorales, en la medida en que las instituciones encargadas de supervisar y calificar la limpieza de las campañas y de las elecciones mismas no refutaron en forma verosímil los numerosos cuestionamientos e impugnaciones que tuvieron lugar en ambos procesos.
En el caso concreto de Guerrero, la alternancia PRI-PRD no llevó a desmontar los vicios de la administración local ni acabó con los cacicazgos ni con los mecanismos de corrupción enquistados en la entidad. En términos generales, la incorporación de partidos y figuras nuevas a los poderes ejecutivos y legislativos –federales y locales– no se ha traducido en un cambio perceptible en la orientación de las estrategias oficiales en materia de economía y seguridad.
Por esas razones, un importante sector de la población percibe a la clase política como un conjunto de facciones unidas por el mero interés del poder y sus prebendas y por el afán de obtener impunidad para sus excesos, y no como una diversidad de plataformas políticas y de propuestas de gobierno singulares y contrastadas. En esa perspectiva, la realización de elecciones parece ciertamente un ejercicio de simulación democrática y un ritual de cumplimiento de requisitos constitucionales, y poco sentido puede tener la participación ciudadana en ellas si, comicio tras comicio, permanecen intocados los graves problemas de inseguridad, desempleo, pobreza, pérdida de soberanía, estancamiento económico e impunidad generalizada que prevalecen desde hace décadas.
Si se entiende como expresión de descontentos y malestares profundos y fundados, el extendido ánimo antielectoral prevaleciente debería ser tomado por partidos, funcionarios y políticos como llamada de atención y exhorto urgente a rectificar el rumbo institucional del país, a transitar de una democracia representativa a una participativa y concurrir a procesos electorales con contenidos reales, ligados a las preocupaciones de la sociedad, y no a simples reacomodos internos y recambios de puestos. De otro modo los márgenes de gobernabilidad, de suyo magros, terminarán por agotarse, y tal perspectiva no es deseable ni para la clase política ni para la sociedad en general.
