a economía de México ha pasado de un estado crónico de bajo crecimiento, a un ajuste presupuestal que, si bien parece que no tendrá un impacto negativo muy notorio en el nivel de la actividad económica, lo cierto es que tampoco promueve una mayor expansión.

El resultado del ajuste del gasto público no tiende a las tablas de un juego de ajedrez. Este ajuste se cargó sobre el gasto corriente, un rubro en el que siempre parece posible recortar, asunto que en sí mismo es relevante. Pero castigó severamente a Pemex –de donde ya se habían extraído recursos el año pasado mediante el decreto de un dividendo extraordinario pagado al gobierno– y también a la CFE.

Estas dos son ya empresas productivas del Estado, según quedó plasmado en la reforma energética, pero quedan en una posición muy débil para jugar un papel relevante en la nueva estructura de producción y distribución de la energía que se abrió a la inversión privada. Este no es un tema menor si es que habrán de cumplir un papel estratégico en ese sector clave para cualquier plan de crecimiento. De no ser así, la reforma tendrá una desenlace muy distinto al que estableció el gobierno y el Congreso. No se ve hasta ahora que la Sener tenga una política al respecto. Prevalecen los criterios hacendarios en la definición de los instrumentos y los objetivos de la gestión económica.

La profunda caída del precio del petróleo fue el motivo expreso del ajuste al gasto, aunque existen las coberturas este año para garantizar un precio establecido del crudo. Pero en 2016 los menores ingresos petroleros tendrán un impacto negativo más grande en las finanzas públicas, pues de ahí se deriva una tercera parte de los ingresos del gobierno. Las previsiones de los precios coinciden por ahora en que se mantendrá cuando menos hasta 2020 muy por debajo del nivel pico que alcanzó en el mercado. Hay quien estima que puede llegar a 20 dólares por barril, pero no muchos lo ponen encima de 60.

Los datos disponibles indican que la recuperación del producto, del consumo y la inversión es muy lenta, el mercado interno no responde. Ahora, además, hay una fuerte presión sobre el peso que se ha depreciado de modo significativo frente al dólar. El tipo de cambio ha tenido un lugar clave en la estrategia para mantener la estabilidad financiera, ahora no ha resistido y no hay elementos para prever hasta dónde puede llegar la pérdida del valor del peso. Esto representa un cambio relevante en la perspectiva monetaria y financiera de esta economía.

El banco central ha sostenido sus tasas de interés sin cambios notables, y está a la espera de las decisiones de la Reserva Federal para elevar las tasas en Estados Unidos. Este movimiento está anticipado pero su impacto no puede cuantificarse, sobre todo en cuanto al retiro de los capitales invertidos en la deuda pública, lo que se añade a la incertidumbre reinante. Un factor de inestabilidad será, entonces, el costo del crédito que se elevará y con ello incidirá en más inflación. Los incentivos para ahorrar son inexistentes dadas las condiciones cambiarias y de las tasas de interés. La salida de dólares es, así, inevitable.

A los fuertes problemas sociales y políticos que se enfrentan en el país se suma, pues, el cambio en las pautas de la estabilidad financiera que se habían conservado por largo tiempo y que constituían el eje del discurso sobre las virtudes de la política macroeconómica.

Estamos ya de lleno en otro juego y éste necesita estrategias renovadas, de fijar objetivos claros, así como de más creatividad en las medidas de política pública que sean compatibles con ellos. El modelo seguido hasta ahora por varios decenios no da para más.

Las acciones para alentar el crecimiento tienen que adaptarse, este es ya el tercer año del gobierno y ni en 2015 ni en 2016 se proyecta un escenario de expansión significativa y que modifique la tendencia de apocamiento productivo. La creación de empleo dista mucho de satisfacer la oferta en el mercado de trabajo, además de que la subocupación es muy elevada y no se contrae la economía informal. Los ingresos tampoco crecen, no pueden hacerlo en este marco de desempeño general de la economía.

Si la inflación no cede como prevé el banco central habrá un costo mayor sobre las condiciones de vida de las familias. De la baja del precio del petróleo no se saca ninguna ventaja para el consumidor. Ese es el tamaño de la dependencia del crudo de la que no se ha zafado el presupuesto durante seis sexenios. Esta es una razón por la que la discusión oficial y privada sobre la dinámica de la economía no sólo ha sido largamente repetitiva sino irrelevante.

Los instrumentos que tiene el gobierno en materia fiscal ya fueron usados para elevar los impuestos y acrecentar la recaudación. La evidencia es que ha sido inútil para cambiar las condiciones hacia una expansión robusta del producto. Se debe dar cuenta precisa del uso de los recursos absorbidos por el gobierno y su efectividad económica y social.

En términos financieros, la reforma no ha conseguido elevar el nivel de crédito especialmente para las pequeñas y medianas empresas. El crédito al consumo aumenta, pero también la morosidad. Así que esta combinación entre las medidas adoptadas por el fisco y lo que tendrían que hacer los bancos está atorada.

Hacer reformas es una cosa, implementarlas es otra muy distinta, y esta dicotomía se está viendo a las claras en toda la gama de las acciones supuestamente radicales emprendidas al inicio del gobierno.