Madrid.

Miles de personas se movilizaron ayer en 20 ciudades españolas para denunciar el atropello a los derechos humanos que supondrá la aprobación de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, también conocida como ley mordaza, que según sus detractores pretende limitar las garantías de manifestación y libertad de expresión.

En Madrid, donde se registró la protesta más numerosa, se reunieron unas 2 mil personas, donde anunciaron que persistirán las marchas hasta que se dé marcha atrás a la norma. Insistieron en que la futura ley y el actual gobierno de Mariano Rajoy pretenden criminalizar la protesta ciudadana y a las personas en riesgo de exclusión social.

La llamada ley mordaza está en proceso de aprobación. Se encuentra en espera de ser debatida y avalada en el Senado, después de que fue discutida en el Congreso de los Diputados, con lo cual se prevé que en las próximas semanas, una vez aprobada por la mayoría absoluta del Partido Popular –el único partido que la apoya–, el gobierno sólo tendrá que presentar la redacción final y publicarla en el Boletín Oficial del Estado.

Entre los puntos más polémicos de la futura disposición destacan las penas civiles que se crearon para controlar las protestas ciudadanas, que ahora ni siquiera serán dirimidas en un juzgado y que sólo tendrán como infractores a los policías. Las multas más altas superan 600 mil euros (11 millones de pesos) para las más graves.

Entre los actos que serán ilegales se encuentra la convocatoria a concentración o protestas frente a las instituciones del Estado, desde el Parlamento hasta las sedes de los ayuntamientos, así como grabar y difundir imágenes de policías mientras reprimen alguna movilización.

Bajo la convocatoria de la plataforma ciudadana No Somos Delito se llevaron a cabo las manifestaciones, que con el paso del tiempo han perdido fuerza pero, se prevé, aumentarán cuando finalmente se avale la norma.

Desde este amplio colectivo ciudadano se advirtió que la “ley mordaza es letra muerta, puesto que antes de su aprobación ya se empieza a derogar. Esto se debe a que numerosos partidos firmaron un compromiso con la ciudadanía para retirar la norma en la próxima legislatura”.

A la protesta se sumaron militantes y simpatizantes de Greenpeace, una de las organizaciones más afectadas con la futura ley, pues se sancionan de manera muy grave las acciones habituales de esa asociación ecologista, como protestas en infraestructuras, entre ellas puentes, puertos e inmuebles, así como vehículos del ejército y la policía.

El vocero de Greenpeace España, Miguel Ángel Soto, advirtió que la disposición “es una vuelta de tuerca al sistema de libertades, pese a que garantías como la de expresión y la de manifestación están en el ADN del sistema democrático. Y esta movilización es una forma de decir: ‘Están amordazando los símbolos de la democracia’; como si la voz del pueblo se pudiera acallar”.

También hubo concentraciones en Salamanca, Granada, Gijón, Pamplona, Santiago, Málaga, Murcia, Bilbao, Almería e Ibiza, y fuera de España en Viena, Stuttgart y París, entre otras.