Amnistía Internacional (AI) México manifestó su preocupación por los daños continuados que ha sufrido la etnia yaqui debido a la operación del Acueducto Independencia y llamó a las autoridades a entregar los documentos necesarios que permitan llevar a cabo una consulta entre dicho grupo, mediante la cual éste pueda manifestar si aprueba o no la mencionada obra.

De igual forma, pidió a las autoridades que garanticen un proceso justo a Mario Luna y Fernando Jiménez, voceros yaquis, quienes actualmente se encuentran detenidos bajo la acusación de participar en el robo de un vehículo, pues dijo temer que el caso esté políticamente motivado y tenga relación con la defensa de los indígenas sonorenses de su derecho al agua.

Perseo Quiroz, director ejecutivo de AI en México, sub­rayó que la consulta previa, libre e informada es una piedra angular de los derechos de los pueblos indígenas. Sin embargo, en el caso de la tribu yaqui los gobiernos estatal y federal no han realizado dicho proceso y no se ha obtenido el consentimiento de la comunidad para la realización del Acueducto Independencia.

De igual forma, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que se violó el derecho a la consulta previa, libre e informada, y ordenó que se lleve a cabo dicho proceso conforme a los estándares internacionales.

En la misma decisión, la Corte ordenó que la autorización de impacto ambiental quede insubsistente y que se realice un nuevo informe de impacto ambiental, que deberá ser entregado a la comunidad en su propia lengua.

Sin embargo, a más de nueve meses de esta resolución, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha entregado a la comunidad el informe de impacto ambiental y un peritaje antropológico que debieron haber sido realizados como parte del proceso de consulta, por lo que la tribu no cuenta con elementos suficientes para tomar una decisión informada.

En tal sentido, AI exhortó al gobierno a presentar inmediatamente ambos documentos, necesarios para dar continuidad al proceso de consulta, y a garantizar el debido proceso a Mario Luna y Fernando Jiménez.