La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó ayer una propuesta de legisladores de PRD, Movimiento Ciudadano, Morena y PT, para que el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, acuda a una reunión de trabajo con el fin de explicar su participación en diversos actos denunciados como violación a las garantías individuales y afectación de los intereses de las comunidades populares poblanas.

Durante la reunión de la comisión legislativa, la presidenta de ese grupo de trabajo, Miriam Cárdenas (PRI), solicitó licencia para dejar el cargo y reincorporarse al tribunal de justicia de Coahuila. A la fecha su participación en ese órgano fue criticada por los legisladores de izquierda, quienes ayer consiguieron que el pleno del grupo de trabajo aceptara la presencia de Moreno Valle, un encuentro con el gobernador de Guerrero, Rogelio Ortega Martínez (para establecer la ruta crítica y alcanzar la libertad de Nestora Salgado), programar un encuentro –antes de finalizar el mes– con el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, y exigir garantías de seguridad a los estudiantes del estado de Puebla, que se oponen a los actos de represión de su gobernante.

Roberto López Suárez, José Luis Muñoz Soria, Ricardo Mejía, Loretta Ortiz, Roxana Luna y Vicario Portillo ponderaron las medidas cautelares solicitadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a Nestora Salgado.

López Suárez refirió que del gobierno de Guerrero hace falta información sobre las medidas que ha tomado en torno a la jefa de la policía comunitaria y en torno a casos de violación a las garantías en Guerrero.

Lo que queremos tratar con el gobernador, no es solamente el tema de Nestora Salgado, que es uno de los principales, pues él ha manifestado estar de acuerdo con la liberación de la hoy detenida, a la que considera presa política. Lo que queremos es que nos explique cuál fue el argumento que utilizó el fiscal del estado para controvertir su propia determinación, dirigida a liberarla, por falta de argumentos jurídicos y penales.

Tanto López Suárez como Loretta Ortiz y Roxana Luna, coincidieron en que Rafael Moreno Valle se ha extralimitado en el uso del poder, y por tal razón tendrá que acudir a San Lázaro, respondiendo a su derecho de audiencia, para informar del ataque permanente a los derechos humanos desde la administración gubernamental.