La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el dictamen de la ley reglamentaria del artículo 29 constitucional, para determinar los alcances de la suspensión y restricción de derechos y garantías, por riesgo a la seguridad nacional en casos de invasión, perturbación grave de la paz o peligro para la sociedad, pero su aplicación deberá proteger a toda costa el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos.

El dictamen, que debe ser ratificado por la Comisión de Justicia que preside Ricardo Fidel Pacheco (PRI), incluyó un catálogo intangible de derechos y garantías que no podrán ser suspendidos o restringidos, y define el mecanismo para que el Ejecutivo federal obtenga del Congreso de la Unión y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el aval y la aprobación de la respectiva ley marcial.

En los argumentos de la comisión se resaltó que los riesgos para la paz pública y las situaciones excepcionales ameritan un sacrificio, siempre temporal, de otros derechos.

Para acotar el decreto de suspensión o restricción de derechos y garantías, la comisión expuso que si bien se trata de una atribución constitucional del presidente de la República, éste deberá enviar una solicitud expresa al Congreso o, en los recesos, a la Comisión Permanente, acompañada de una iniciativa de ley marcial, que deberá ser votada por mayoría simple.

Si el Legislativo lo autoriza, a más tardar en 72 horas la SCJN deberá revisar de oficio el decreto y pronunciarse por mayoría de votos de los ministros sobre su constitucionalidad, convencionalidad y validez.

La comisión expuso que ciertos derechos humanos podrán ser suspendidos o restringidos en su ejercicio, aunque deberá existir una razón legítima fundamentada y cumplir con condiciones racionales mínimas, como la proporcionalidad, temporalidad limitada, alcance territorial y cumplimiento del derecho internacional humanitario.

El titular del Ejecutivo federal estará obligado a la difusión entre los ciudadanos, previa la declaratoria respectiva, así como dar aviso a las organizaciones de Naciones Unidas y de Estados Americanos.

El denominado catálogo intangible, incluido en el artículo 29 de la Constitución, es el siguiente: derecho a la no discriminación, a la vida y a la integridad personal, a no ser sometido a desaparición forzada, torturas, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, reconocimiento de la personalidad jurídica, al nombre y a la nacionalidad.

También, prohibiciones de la esclavitud, servidumbre y pena de muerte; y derecho a la libertad de pensamiento y de conciencia, de profesar creencia religiosa alguna; el principio de legalidad, de interpretación por persona y de no retroactividad de las leyes penales.

Asimismo, el derecho a votar y ser elegido, a la protección de la familia, los derechos de la niñez, la garantía de juicio de amparo, y el resto de garantías judiciales indispensable para la protección de los derechos.

La ley define que si durante su actuación las fuerzas armadas cometen violaciones a los derechos humanos, los militares involucrados serán juzgados por el fuero civil.