Sólo la Secretaría de Salud tiene la facultad de rescindir los contratos que celebró con la empresa Gas Express Nieto para suministrar gas LP a la red hospitalaria de la ciudad de México, afirmó José Ramón Amieva, titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales del Gobierno del Distrito Federal.

Aclaró que la revisión de esa relación contractual por la dependencia a su cargo es única y exclusivamente para determinar lo relativo a la reparación del daño al Hospital Materno Infantil de Cuajimalpa –y no la rescisión del contrato, como señaló el secretario de Salud capitalino, Armando Ahued–, por lo que estimó que será por la vía civil que se exija a la gasera que pague el monto que determinen los peritos no sólo por el nosocomio, sino por todas las afectaciones materiales.

En tanto, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, entregó ayer medallas de reconocimiento al valor a 106 personas, la mayoría elementos de los cuerpos de emergencia, que participaron en las labores de rescate y remoción de escombros ocasionados por el siniestro, en un acto en el que refrendó su compromiso de apoyar a los rescatistas y víctimas del accidente, por lo que instruyó a las dependencias involucradas no escatimar la ayuda para estas personas.

De esta manera fue reconocido personal de las secretarías de Salud, Seguridad Pública, Obras y Servicios, Desarrollo Social, Protección Civil, Locatel, Bomberos y hasta el jefe delegacional de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, en representación de la sociedad civil de esa demarcación.

En cuanto a los heridos por el siniestro, ayer fue dado de alta un recién nacido que estaba internado en el Hospital Enrique Cabrera, por lo que el número de internados se redujo a 12, de los cuales sólo una persona se reporta grave.

Por otra parte, tras llevarse a cabo una nueva audiencia en el juicio por homicidio y lesiones culposas contra Carlos Chávez Hernández, chofer de la pipa de Gas Express Nieto en la que se originó la explosión, su abogado solicitó 48 horas para pagar la fianza fijada en un millón de pesos para poder enfrentar su proceso en libertad.

Al comenzar el proceso, en la carpeta de investigación se registró la muerte de tres víctimas y las lesiones de cinco personas, aunque se podrían sumar los fallecimientos de las otras dos víctimas mortales de la explosión ocurrida el 29 de enero.