No existe ninguna determinación jurídica que obligue al Gobierno del Distrito Federal (GDF) a pagar $25 millones de pesos por afectaciones a terrenos o inmuebles por la construcción de la línea 12 del Metro, afirmó el titular de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales capitalina, José Ramón Amieva Gálvez.

Asimismo, subrayó que en el análisis que se realiza en torno al contrato con la empresa Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF) por el arrendamiento de los trenes de la llamada línea dorada, lo que se busca es tener una relación contractual financieramente congruente con la realidad y justa respecto del costo de los convoyes, su arrendamiento y las ganancias de la compañía.

Respecto de las indemnizaciones que reclaman 203 ejidatarios de Culhuacán afectados por la construcción de esa línea, reconoció que si bien en el sexenio pasado se firmó un convenio en el que se establecía el pago reclamado, éste no fue reconocido por el gobierno de la ciudad, toda vez que fue firmado por un funcionario que no tenía facultades para hacerlo, y aunque los inconformes interpusieron un amparo, la justicia federal sobreseyó dicho recurso legal.

Dicho convenio habría sido firmado por Héctor Hernández Llamas, subsecretario de Asuntos Metropolitanos de la Secretaría de Gobierno en la gestión de Marcelo Ebrard Casaubon, quien durante el proceso de construcción de la línea 12 estuvo a cargo de negociar con los afectados por dicha obra.

Afirmó que la Consejería Jurídica no tiene registrado ningún antecedente que obligue al gobierno central a realizar algún pago, ni tampoco por parte del consorcio constructor –formado por las empresas ICA, Carso y Alstom– ni en el proceso de finiquito del contrato de construcción.

Al parecer todo se saldó

Por lo que, insistió, no existe ninguna determinación jurídica que obligue a cubrir dicho monto. Agregó que en el proceso de construcción de dicha línea “se pagó todo lo que se tenía que pagar, pues cuando se recibió la obra –del gobierno anterior– ya estaban cubiertos, al parecer, todos esos pagos”.

En cuanto a la relación contractual con CAF, explicó que el análisis que se realiza parte de dos aspectos: que los trenes tienen que ser modificados para que puedan dar servicio en la línea, y lo que se refiere al esquema financiero, es decir, cómo se llegó a la determinación del precio de los convoyes, de la ganancia que debe tener la empresa y el arrendamiento financiero.

El esquema ideal con CAF, explicó, incluye tener trenes adecuados técnicamente y un contrato financieramente congruente y justo, así como una serie de medidas adicionales que la empresa debe proveer para mitigar los fenómenos del desgaste ondularorio y la deformación de las vías.

Inquirido sobre si lo que se busca es tener un mejor precio por el arrendamiento de los trenes, Amieva dijo que en esos contratos se debe tomar en cuenta el costo del bien, la ganancia que debe obtener quien lo vende y el esquema de renta.